CICLISMO

El secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) explica las consecuencias de la reforma del Código Penal sobre los siniestros de tráfico

Alfonso Triviño: “Saldrá más barato matar a un ciclista que saltarse un semáforo”

Foto de Alfonso Triviño de blogs.cilismoafondo.

(21-2-2013). La reforma del Código Penal que prepara el Ejecutivo central dejará fuera de la vía penal las imprudencias leves, una figura mediante la cual se instruyen en torno al 80% de los siniestros de tráfico en los que hay bicicletas implicadas. Alfonso Triviño, secretario y asesor jurídico de la ACP, asegura que, de prosperar este anteproyecto, “saldría más barato matar a un ciclista que saltarse un semáforo sin que haya víctimas”.

Alfonso Triviño explica que el anteproyecto del Código Penal contempla una derogación de las imprudencias leves, que pasarían a resolverse en la vía civil. Se calcula que el 80% de siniestros de tráfico con heridos son considerados en la actualidad imprudencias leves y que el 82% de accidentes en los que está implicado un ciclista también se contemplan como tal. La tramitación por la vía civil, según explica el asesor jurídico de la ACP, implicaría que la víctima tendría que hacer “todo el esfuerzo probatorio para resarcir la lesión”, contratando los servicios de un perito y un médico, con un coste que podría alcanzar los “cinco o seis mil euros” por servicio.

Ejemplo
Triviño nos explica cómo funciona hasta ahora la instrucción de las imprudencias leves en siniestros de tráfico y cómo funcionaría con la reforma. El ejemplo, un atropello por alcance de un ciclista.

En la actualidad, cuando se produce este tipo de accidente, en primer lugar la autoridad competente (Guardia Civil, Policía Local o Autonómica, etc.) elabora un atestado en el que se estudian unos parámetros para reconstruir los hechos y se abren diligencias previas. En casos de alcoholemia, drogas, de consecuencias muy graves para la víctima o de errores “de naturaleza magnánime” el suceso puede ser constitutivo de delito. “Pero en el 80% de los casos –explica Triviño- se considera que es una imprudencia leve constitutiva de falta, lo que deriva en un juicio en el que se analizan las secuelas de la víctima y se fija una indemnización, todo con coste cero para la víctima”.

Sin embargo, de entrar en vigor la reforma, si en el siniestro no hay indicios de imprudencia grave, la causa se archiva en la vía penal y pasa a la vía civil. “Esto significa que no hay resarcimiento ni para el ciclista ni para los posibles daños que haya podido sufrir la bici”, explica, “y será la propia víctima la que tendrá que contratar un abogado para realizar la demanda, contratando unos servicios médicos para hacer la valoración, un perito para reconstruir los hechos, etc. Unos costes que además se incrementarían en caso de perder el juicio”.

Negocio “redondo” para las aseguradoras
El secretario de la ACP indica que “al final, a la víctima le saldrá más barato aceptar la oferta de indemnización que le proponga la aseguradora que iniciar todos los trámites de demanda, lo cual será además un negocio redondo para ellas –las aseguradoras-“.

Para Triviño, esta medida es consecuencia de “la línea política del Gobierno, que quiere desatascar los juzgados a costa de arruinar al ciudadano”.

La ACP tienen intención de reunirse con el diputado ponente para intentar frenar una reforma contra la que también se han posicionado las asociaciones de víctimas de tráfico.


No hay comentarios

Añade el tuyo