Las reclamaciones de 312 gimnasios coordinadas por la Fneid pasan a la vía judicial

Las reclamaciones patrimoniales de los gimnasios españoles a consecuencia de los daños que les provocaron las restricciones impuestas por las administraciones para paliar el avance de la pandemia del Covid-19 se decidirán, como era de esperar, en los tribunales. Esta semana se cumple medio año desde que, el pasado 14 de marzo, el despacho de abogados Broseta presentó las demandas coordinadas por la patronal de gimnasios española, Fneid.

Estos seis meses eran el plazo que tenían las administraciones estatal y autonómicas para dar algún tipo de respuesta a la reclamación administrativa presentada. Según ha podido saber CMDsport, ninguno de los gobiernos ha admitido a trámite ni ha dado respuesta a dichas reclamaciones.

PROCESO JUDICIAL

De esta forma, entre esta semana y la próxima, una vez se terminen algunos trámites administrativos pendientes, el proceso entrará en su fase judicial. Queda por determinar qué estamento judicial se hará cargo de estos casos. La parte demandante da por hecho que lo asumirá la Audiencia Nacional, pero no descarta que, dado que también se ven involucrados los gobiernos autonómicos, también puedan resolver sobre esta cuestión los distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

Como ya avanzó CMDsport el pasado mes de junio, Fneid logró aglutinar a 312 gimnasios y centros deportivos gestionados por 119 sociedades o grupos de empresas de distintas comunidades autónomas. Entre este grupo se incluyen algunas de las principales cadenas de gimnasios del país.

82,6 MILLONES DE EUROS

El valor global estimado del perjuicio económico reclamado por parte de estas entidades por daño patrimonial o reequilibrio se sitúa alrededor de los 82,6 millones de euros.

Los gimnasios no tendrán que entregar ahora más documentación, ya que sirve la entregada hace seis meses. Los jueces, como mucho, podrían pedir a los peritos aclaraciones sobre cómo se han hecho los cálculos para valorar los daños y perjuicios económicos de cada gimnasio o cadena.

PROCESO LARGO

La mayor parte de estos gimnasios entrarán ahora en un proceso judicial “técnicamente complejo” que tendrá “como mínimo un año de duración”, explica a este medio el abogado demandante y socio del área de Derecho Público del bufete Broseta Abogados, Alberto Palomar.

Según apunta Palomar, la ausencia de respuesta por parte de las administraciones en este tipo de reclamaciones es algo “habitual”, y más si hay “dinero de por medio”. “No van a dar facilidades”, añade.

De esta forma, en el mejor de los casos la resolución judicial a este contencioso no llegaría hasta septiembre de 2022.

Esa fecha no será la misma para todos los gimnasios, ya que hay una excepción: el Gobierno del País Vasco ha decidido prorrogar el plazo seis meses más, una opción contemplada por la ley. De esta forma, los gimnasios vascos que presentaron en marzo de 2021 una reclamación administrativa a través de Broseta, deberán esperar hasta marzo de 2022 para conocer si este gobierno autonómico acepta negociar algún tipo de compensación patrimonial o, por el contrario, sigue el camino del resto de territorios y deriva el conflicto a la vía judicial.