Analizan los efectos de la bicicleta pública sobre las ventas de los detallistas

En la mesa redonda intervinieron Xavier Corominas, secretario de la Red de Ciudades por la Bicicleta y director de la Fundación ECA Bureau Veritas; Sol Otero, vicepresidenta de la Plataforma Empresarial de la Bicicleta y propietaria de Ciclos Otero; José Antonio García Cebrián, director de Velocity 2011 e impulsor del Plan Director de la Bicicleta de Sevilla 2006-2010; Jon Fernández, director de negocio de Orbea; y Luis Álvarez, propietario de las tiendas By Bike City y consultor en movilidad especializado en bicicleta, moderados por Paula Alonso (CMD Sport).

Según los datos aportados por Xavier Corominas, en España hay 136 sistemas de bicicleta pública que cubren 183 municipios y ponen en circulación más de 26.000 bicicletas. Uno de los últimos en ponerse en marcha, el de Valencia, que cuenta con 225 estaciones y 2.500 bicicletas, ha generado un uso máximo 34.000 viajes. Estas cifras, según recalcó, le dan visibilidad a la bicicleta, y han permitido aumentar el negocio de la bici en general.

También García Cebrián se mostró defensor de los sistemas de bicicletas pública. En Sevilla un 20% de los usuarios de bicicleta lo hacen a través de los servicios de préstamos municipales. La implantación del sistema, no obstante, ha ido ligada al desarrollo de infraestructuras como carril bici que permiten la incorporación de la bicicleta a la ciudad como un elemento urbano. No obstante, incidió en la necesidad de distinguir entre propuestas de bici pública con servicio de vocación y otros sistems concebidos como ‘floreros’. Asimismo, aportó sugerencias como la petición de subvenciones para la compra de bicicletas o la deducción del IRPF por la compra de bicis.

Jon Fernández, por su parte, señaló que las administraciones no han tenido en cuenta a Orbea en la puesta en marcha de estos servicios, y coincidió con García Cebrián en la necesidad de distinguir entre servicios de préstamos de bicicletas que tienen afán de servicio y los que se han implantado en las ciudades como “floreros”. “A pesar de ser una marca que no ha participado en su desarrollo, creo que ha habido propuestas positivas”, afirmó.

”Injusticias” de la bicicleta pública
Para Luis Álvarez, la bicicleta pública “no es justa porque sólo las grandes ciudades con interés publicitario son de primera”. En su faceta como detallistas, Álvarez opina que la instalación de un servicio de préstamo puede suponer una gran oportunidad para incentivar el uso de la bicicleta, sobre todo en una ciudad como Madrid en la que su uso es aún muy minoritario y las posibilidades de crecimiento son por tanto enormes. Sin embargo, desde la perspectiva de propietario de un negocio de alquiler de bicis, lo ve como una clara amenaza. “El Estado no puede ingerir en un sector privado que ya está ocupado. Lo que tiene que hacer son políticas activas para promover un sistema sostenible”, indicó.

Por su parte Sol Otero destacó que, partiendo de la base de que toda iniciativa para fomentar el uso de la bici es válida, estos sistemas suponen un elemento de competencia desleal para los establecimientos de venta o alquiler de bicicletas. “Su implantación pone en peligro muchos puestos de trabajo. Desde la Plataforma Empresarial de la Bicicleta tenemos que velar por los intereses de los detallistas y solicitar a la administración programas de ayuda para la bicicleta, macropolíticas que beneficien al sector”.

Unión del sector
Para Corominas, “si el sector de la bicicleta estuviera unido, tendría algo que decir al respecto y podría conseguir que se le tuviera en cuenta en las bases”. Por ejemplo, recordó el caso de Barcelona, donde los detallistas lograron que los turistas no puedan utilizar el Bicing. En su opinión, para pasar de la bicicleta pública a la bicicleta privada es fundamental trabajar en la prevención de robos y en la seguridad ante el tráfico.