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Los datos de las demandas coordinadas por Fneid, Adecaf y Fedecyl

581 gimnasios españoles reclamarán a las administraciones 100 millones de euros

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El fitness español se ha movilizado en los despachos para reclamar al Gobierno central y a los autonómicos indemnizaciones para cubrir los daños y perjuicios generados por los cierres y restricciones derivados por la pandemia.

(21-6-2021). 581 gimnasios españoles se han adscrito a las demandas impulsadas por las principales patronales del sector del fitness contra los gobiernos español y autonómicos. Estos centros pedirán a las administraciones indemnizaciones por valor de algo más de 100 millones de euros.

Hoy se cumple un año exacto desde que concluyó el primer estado de alarma decretado por el gobierno español. Este 21 de junio es un día señalado en el calendario del fitness español, ya que según los abogados de algunas patronales del sector es la fecha límite para presentar las primeras demandas contra las distintas administraciones, estatal y autonómicas, por los daños y perjuicios generados por los cierres y restricciones derivados de la pandemia.

El fitness español se ha movilizado en los despachos para reclamar al Gobierno central y a los autonómicos indemnizaciones para cubrir los daños y perjuicios generados por los cierres y restricciones derivados por la pandemia. CMDsport ha tenido acceso a los datos de los procesos de reclamación impulsados por Fneid, a nivel estatal, Adecaf, en el ámbito catalán, y Fedecyl, en Castilla y León.

PRINCIPALES CADENAS DEL PAÍS

Fneid ha logrado aglutinar a 312 gimnasios y centros deportivos gestionados por 119 sociedades o grupos de empresas de distintas comunidades autónomas. Entre este grupo se incluyen algunas de las principales cadenas de gimnasios del país. El valor global estimado del perjuicio económico reclamado por parte de estas entidades por daño patrimonial o reequilibrio se sitúa alrededor de los 82,6 millones de euros.

En el caso de Adecaf, su propuesta ha supuesto la implicación de 34 centros en el proceso de la demanda. La valoración total del perjuicio económico es de 7,7 millones de euros.

Por su parte, Fedecyl, ha logrado implicar en el proceso demandante a 235 instalaciones deportivas y gimnasios. Todos ellos están en el correspondiente estudio de los péritos para el análisis del lucro cesante y demás daños económicos, pero las primeras estimaciones cifran en alrededor de 10 millones de euros la cifra que solicitarán a las administraciones.

DEMANDAS AMPLIABLES

Existen algunas cadenas y gimnasios independientes que han decidido iniciar reclamaciones administrativas por su cuenta, pero la gran mayoría ha optado por secundar alguna de las propuestas impulsadas por las patronales, que les ofrecían mejores condiciones económicas.

Los letrados marcaron la fecha del 21 de junio para “evitar cualquier fallo de forma o retraso” por parte de las administraciones. Esto no implica que, más adelante, las demandas presentadas no puedan ampliarse para recoger los meses posteriores al final del primer estado de alarma, en los que se han sucedido cierres y restricciones dictados por los diferentes gobiernos autonómicos.

CAMINOS DISTINTOS

Aunque las tres patronales han basado su estrategia legal en fundamentos jurídicos muy parecidos -todos ponen en el punto de mira la gestión que se ha hecho de la pandemia-, cada asociación ha elegido caminos distintos.

Fneid eligió al despacho de abogados Broseta, Adecaf escogió a Inter Partes Abogados y, Fedecyl, hizo lo propio con Equo. Cada firma presentó unas tasas fijas y variables, en función del éxito, distintas.

En lo que sí coinciden tanto Adecaf como Fneid es en el auditor pericial: la firma Munt Audit & Forensic ha elaborado los informes de valoración de los 346 centros que han aglutinado ambas patronales. Este informe es una de las claves de la demanda, ya que sirve para determinar el perjuicio económico y calcular el reequilibrio patrimonial.

RECHAZO DE ALGUNAS EMPRESAS

La gran mayoría gimnasios hace tiempo que son conscientes que es “una utopía” esperar ayudas de las administraciones que compensen el daño causado. Incluso en Cataluña, la comunidad que ha repartido o anunciado una mayor cantidad en forma de ayudas extraordinarias, el sector del fitness reclama un esfuerzo mayor.

Pese a ello, no son pocos los gimnasios que han rechazado participar en los procesos de demanda contra las administraciones. Éstos argumentan distintas razones.

Una de las principales es el coste de estos procedimientos, una inversión que llega en un momento muy delicado para las arcas de las empresas. El precio varía mucho en función de la propuesta de cada patronal: desde los 330 euros de la iniciativa coordinada por Fedecyl, a los cerca de 2.000 de la de Fneid y los 2.500 de Adecaf (precios sin IVA). Los costes varían en función del número de centros de cada cadena.

PROCESO LARGO

Otro de los principales argumentos de las cadenas a la hora de rehusar participar en las demandas contra las administraciones radica en las probabilidades de éxito de las mismas. Muchos dan por hecho que será un proceso largo y duro, y cuyo éxito no está asegurado.

Los letrados de las distintas patronales consultadas reconocen que esta reclamación puede extenderse en el tiempo: en el caso que las administraciones no accedan a pagar la cantidad solicitada a través de la vía administrativa y, por tanto, fuera necesario un proceso contencioso, la resolución iría para largo y difícilmente llegaría antes de un año. Es decir, que en el mejor de los casos, podría haber una resolución a mediados de 2022.


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