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Reclamaciones de los centros bajo el paraguas de la patronal catalana

Adecaf coordinará demandas individuales de los gimnasios contra los gobiernos español y catalán

Numerosos gimnasios de Cataluña han sufrido hasta cuatro cierres de sus instalaciones

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CUARTO CERROJAZO. La gerente de Adecaf, Iolanda Latorre, sostiene que “esta es la cuarta vez que nos cierran los gimnasios y centros deportivos, creemos que sin criterio ni tener en cuenta las repercusiones. Ya no podemos esperar más. Tenemos que estar preparados y por eso empezamos este proceso”.

(8-1-2021). La patronal del fitness catalán, Adecaf, coordinará un importante número de demandas individuales contra las administraciones públicas estatal y autonómica. La intención de la patronal es animar a las empresas de gimnasios a reclamar la indemnización por los daños causados por las restricciones políticas desde el inicio de la pandemia.

El anuncio realizado por la Generalitat el pasado 4 de enero de cerrar los gimnasios catalanes durante diez días ha acelerado la estrategia judicial de Adecaf. La patronal del fitness catalán ha llegado a un acuerdo con un bufete de abogados para vehicular en los próximos meses las querellas por responsabilidad patrimonial de sus asociados.

Los 140 asociados a la patronal tendrán descuentos económicos si vehiculan la querella a través del bufete que les propondrá la citada patronal. Cada una de las empresas interesadas deberá interponer una demanda individual a cada uno de los gobiernos: al español por el cierre decretado entre marzo y abril del 2020, y al catalán por los cierres y restricciones puntuales registrados desde julio hasta la actualidad.

La intención de la patronal es que sus asociados puedan reclamar a las diferentes administraciones públicas los daños y perjuicios ocasionados por los distintos cierres y restricciones que han resultado lesivas para sus respectivos negocios.

Según la gerente de Adecaf, Iolanda Latorre,“esta es la cuarta vez que nos cierran, creemos que sin criterio ni tener en cuenta las repercusiones. Ya no podemos esperar más. Tenemos que estar preparados, por eso empezamos este proceso”.

LAS PÉRDIDAS SE ACUMULAN

A principios de noviembre, Adecaf cifró en 100 millones la caída de ingresos registrada durante la pandemia debido a las restricciones políticas derivadas de la pandemia del Covid-19. Unas pérdidas que no se verán compensadas de forma total con los dos paquetes de ayudas anunciados por la Generalitat.

El primero, cuyo reparto se anunció a finales de diciembre, fue dotado de 19,78 millones. El segundo, a la espera de conocer las bases, constará de 15 millones.

Ambos paquetes de ayudas extraordinarias, además de resultar insuficientes para cubrir todas las pérdidas del sector, se reparten entre distintas entidades deportivas como los clubes sin ánimo de lucro o las federaciones gestoras de instalaciones deportivas.

CÁLCULOS PATRIMONIALES

Adecaf da por hecho que tardarán varios meses a tramitar las primeras demandas por responsabilidad patrimonial, ya que se trata de un proceso administrativo complejo. Todas las empresas interesadas deberán realizar primero un peritaje económico que sirva como cálculo patrimonial para cuantificar las pérdidas ocasionadas por las restricciones políticas durante la pandemia.

“No es una demanda fácil”, reconoce Iolanda Latorre, quien explica que se trata de una estrategia judicial “novedosa”, ya que será la primera vez que se imponga una demanda de este tipo debido a la pandemia. “Es muy compleja, porque si el la Justicia nos da la razón y detrás vienen otros sectores, ya veremos de dónde sale el dinero para pagar a todo el mundo”, asume.

Una vez las empresas sepan qué parte de las pérdidas son atribuibles a decisiones políticas, el bufete de abogados tramitará una demanda que se presentará, en

primera instancia, por la vía administrativa. Si es rechazada, entonces se iniciará el contencioso administrativo.

En principio serían el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el tribunal que asumiría las demandas contra la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que se haría cargo de las querellas contra el Gobierno estatal.


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