Adecaf se rodea de un ‘Dream Team’ judicial para demandar a la Generalitat

“Tenemos un equipazo del que estamos muy contentos”, reconoce August Tarragó, presidente de Adecaf, al ser consultado por el conjunto de firmas elegidas, y que están especializadas en distintas materias. La intención de la patronal del fitness catalán es que entre todas logren “justificar muy bien” su causa ante las administraciones, ya que esto supondrá “la clave del éxito”.

La demanda impulsada por la organización contra las administraciones por los cierres y restricciones derivados de la pandemia ya cuenta con 30 empresas inscritas, una cifra que supera el mínimo de 25 exigidas por las distintas firmas para aceptar las condiciones económicas acordadas. Una cifra que subirá en los próximos meses.

REPÓQUER DE ASES

La firma de abogados elegida es Inter Partes Abogados, cuya abogada principal es Sílvia Requena. Esta letrada, que dirige el bufete desde 2012, tiene 20 años de experiencia en derecho contencioso administrativo y es experta en jurisdicción contable, entre otras especialidades. Es, además, profesora asociada de Teoría del Derecho en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Munaudit es el auditor pericial que se encargará de realizar el informe que ha de cuantificar las pérdidas de cada empresa demandante. Esta firma está especializada en forense económico y dictámenes periciales contables. Las garantías que ofrece esta empresa convencieron también a Fneid, que la incorporó a su demanda.

DiProcura, por su parte, se encargará de proporcionar los procuradores para los distintos tribunales. Esta empresa cuenta con más de 15 sedes repartidas por todo el territorio español, un elemento clave para que las empresas del sector que tengan instalaciones en otros puntos del país puedan trasladar la demanda a los diferentes tribunales con la misma firma de procuradores.

RibéSalat, el bróker de seguros con 33 años de experiencia que asesora desde el pasado mes de noviembre a los asociados de Adecaf, también tendrá un peso específico en esta demanda. Pese a estar especializada en seguros, esta empresa también dispone de un departamento jurídico, que es el que coordinará a todo el equipo de trabajo necesario en la presentación de las demandas.

Además de estas cuatro empresas, Adecaf ha incorporado a su ‘dream temam’ jurídico al catedrático en Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, Joan Manel Trayter.

Cabe recordar que fue precisamente Trayter quien elaboró un informe jurídico que justifica que hay una base legal para presentar una demanda contra las administraciones. Especializado en derecho administrativo, es miembro de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, entre otros cargos.

PRECIO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS

El precio de la demanda impulsada por Adecaf varía en función del número de centros afectados por las restricciones que tenga cada empresa. En el caso que las administraciones desestimen la reclamación y, por tanto, el caso termine en un contencioso administrativo, que es lo más probable, el coste mínimo, para una empresa con una sola instalación deportiva será de poco más de 3.000 euros.

El detalle del coste del proceso es el siguiente. La reclamación patrimonial (el abogado) cuesta 300 euros. El informe pericial, 300 euros por cada instalación. Si el caso pasa a la vía judicial, hay que pagar 1.500 euros por presentar la demanda más 400 euros al procurador. En total, 2.500 euros, que superan por poco los 3.000 al añadir el IVA de cada uno de estos servicios.

A partir de aquí, cada empresa debe calcular cuánto le costaría pagar. Por ejemplo: si una cadena dispone de tres instalaciones, todas ellas en Cataluña, pagaría 300 euros por el abogado; 900 por el total de los tres centros; 1.500 por la demanda y 400 por el procurador. En total, 3.100 euros más IVA.

En el caso que una empresa tenga alguna instalación fuera de Cataluña y, por tanto, sea necesario recurrir a procuradores de otros tribunales, se añadirán 400 euros por procurador.

JUNIO DE 2021, LA FECHA RECOMENDADA

El calendario de la demanda ha generado bastante debate en las reuniones de los letrados con la patronal. Los abogados de Inter Partes interpretan que, al estar aún vigentes restricciones derivadas de la pandemia como el 30% del aforo o la imposición de la mascarilla, el daño está siendo continuado, y no terminaría hasta un año después de la finalización de todas las medidas que se apliquen en el sector para combatir el Covid-19.

Sin embargo, siguiendo un criterio de prudencia, recomiendan a Adecaf que, para que el Gobierno Estatal no se libre de su responsabilidad, presenten todas las demandas antes del 20 de junio de 2021, que es cuando se cumplirá un año del final del primer Estado de Alarma. Eso significa que los asociados a Adecaf aún disponen de tres meses para estudiar si les conviene e interesa presentar la demanda.

FOCO EN LA GENERALITAT

A diferencia de la demanda de Fneid, la cual se dividirá en dos partes, una contra el Gobierno central y otra contra cada una de las autonomías responsables de los cierres y restricciones, la demanda de Adecaf tendrá un único destinatario: la Generalitat de Catalunya.

Eso no quiere decir que el Gobierno central se libre de su responsabilidad. “La ley expone que un ciudadano no está obligado a saber qué administración tiene la competencia y, por tanto, le está causando el daño. Los abogados nos han recomendado ir contra la Administración que más daño nos está causando y luego, las distintas administraciones tendrán 15 días para repartirse las responsabilidades”, detalla Tarragó.

Pese a que el Gobierno español obligó al sector del fitness a cerrar los gimnasios catalanes entre el 15 de marzo y el 25 de mayo, Adecaf entiende que las 22 resoluciones y los tres cierres decretados por el ejecutivo catalán constituyen un daño “más intenso”. “En realidad, con una sola demanda vamos contra todos”, zanja Tarragó.

El presidente de Adecaf puntualiza que las ayudas que el sector reciba por parte de las distintas administraciones -sean Ayuntamientos, Generalitat o el propio Gobierno central- se descontarán luego de la cantidad que cada entidad reclama en su demanda. “Las ayudas reducen el daño sufrido por las restricciones, no te pueden pagar dos veces por el mismo daño”, ha concluido Tarragó.