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El convenio caducó en 2004

Amenaza de huelga en las piscinas de Madrid ante el incumplimiento del convenio colectivo

Eulen y el Grupo Serviocio/BeOne, entre las empresas afectadas

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Según el sindicato CCOO, BeOne es, junto a Eulen, una de las empresas que no estarían aplicando este 2022 el Convenio Colectivo del Sector de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de Madrid

(21-10-2022) La misma semana que varios centenares de empleados del sector deportivo inician una huelga indefinida en Navarra, en la Comunidad de Madrid empieza a cobrar fuerza la posibilidad que se repita un escenario similar. La no aplicación del convenio de los trabajadores de los centros acuáticos y de piscinas ha empezado a generar quejas entre los sindicatos, que amenazan con impulsar huelgas y emprender acciones legales contra las empresas que no cumplan con lo firmado en un texto del año 2000.

La crisis energética, que está amenazando muy seriamente las economías de los clubs y las empresas deportivas, especialmente aquellas con zonas de agua cubiertas, ha abierto un nuevo problema en el sector: la imposibilidad de hacer frente a las subidas salariales que, según se recoge en algunos convenios colectivos, se indexan a la variación del IPC. Si a principios de esta misma semana fueron los trabajadores del sector deportivo de Navarra los que iniciaron una huelga indefinida, en las próximas semanas o meses podrían vivirse episodios parecidos en la Comunidad de Madrid. 

Según ha podido saber CMDsport, la posibilidad de que haya huelgas en algunas instalaciones deportivas de Madrid entre finales de 2022 y principios de 2023 es más que real. Según explican fuentes sindicales, ya se han registrado algunos conflictos con los trabajadores en al menos seis o siete grandes empresas de gestión deportiva de ámbito estatal, entre las que se encuentran Eulen y el Grupo Serviocio/BeOne, aunque de momento sólo se ha iniciado la vía judicial en uno de los centros gestionados por Eulen, Fuentes de Serviocio/BeOne ha declinado pronunciarse sobre esta cuestión. 

La voluntad de los sindicatos es apurar sus opciones de negociación y resolver esta cuestión por la vía amistosa en el resto de casos. “Todavía no se han planteado los conflictos colectivos porque negociaremos hasta que no se pueda más”, apunta la parte sindical. Los empleados afectados reclaman que se aplique la subida salarial que les corresponde por convenio. Los convenios autonómicos en el ámbito deportivo, presentes en autonomías como Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra o la Comunidad de Madrid, tienen un rango superior al convenio estatal, que también se encuentra en punto muerto varios años después de haber sido denunciado por parte de los sindicatos. 

En el texto del convenio autonómico madrileño, que afecta a los profesionales de las instalaciones acuáticas, consta una cláusula de revisión salarial según el IPC de todos los años. Un incremento que será el índice de precios al consumo (IPC) previsto más 0,5 puntos sobre todos los conceptos retributivos. “La gente se empieza a cansar de que las empresas no hagan lo que les corresponde y han decidido tomar medidas, como plantarse de una vez y empezar a promover paros parciales o, incluso, alguna huelga indefinida”, explican desde CCOO. 

Si las empresas involucradas no aceptan las reclamaciones que los trabajadores entienden que les corresponden por ley, la parte sindical activará otras medidas de presión como las huelgas o la vía judicial, que en este caso se contempla como la última opción. “En algunos centros ya hemos dado el preaviso de huelga, aunque antes esperamos que se solucione mediante la mediación”, reconocen desde los sindicatos. 

UN CONVENIO DEL AÑO 2000

El convenio en cuestión es el Convenio Colectivo del Sector de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de Madrid. Se desconoce a cuántos empleados afecta en toda la Comunidad de Madrid, aunque fuentes sindicales apuntan a que les afectaría a más de los que actualmente engloba. La mayoría de las compañías involucradas han ido actualizando hasta ahora los salarios de sus empleados en función del IPC, pero algunas han dejado de hacerlo este 2022 alegando que es un convenio que no está actualizado y que no tienen margen para nuevas subidas en este escenario de sobrecostes energéticos. 

Este convenio está en vigor desde el 1 de enero de 2000, año en el que se negoció por última vez. El convenio fue suscrito por la Asociación de Empresarios de Piscinas e Instalaciones Acuáticas, SIMEPIA y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Se firmó con una duración de cuatro años, es decir, hasta 2004. Una de sus cláusulas especifica que, al no haber sido denunciado desde entonces, se mantiene vigente a través de una prórroga indefinida que mantiene las condiciones del cuarto de los años. 

Para el año 2003 (el último de los cuatro previstos en el momento de la firma), el incremento salarial especificado era el IPC más 0,5 puntos sobre todos los conceptos retributivos. Los incrementos salariales se deben abonar cada uno de los años de vigencia del convenio, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en un plazo no superior a 30 días. 

LA PATRONAL DESAPARECIÓ

Tras la desaparición de SIMEPIA no se han vuelto a publicar las tablas salariales que corresponden en el BOCM, lo que ha obligado a los sindicatos a trasladar año a año a sus delegados las tablas salariales con las cantidades que les corresponden a los diferentes empleados tras haber calculado el IPC anual correspondiente. Las subidas salariales tienen que aplicarse con carácter retroactivo, por lo que las empresas involucradas podrían verse forzadas a pagar la parte correspondiente desde principios de 2022, si un juzgado así lo determinase. 

Mientras que ninguna de las partes denuncie este convenio, seguirá vigente con la exigencia de tener que subir el IPC correspondiente a cada año. Para actualizar este convenio, deben denunciarlo alguna de las partes implicadas.

La patronal SIMEPIA, sin embargo, desapareció, por lo que no puede hacerlo. Los sindicatos, que advierten que no tienen una patronal con la que negociar, aseguran que tampoco tienen la intención de denunciar el convenio porque consideran que tiene unas condiciones “superiores a las del convenio estatal de instalaciones deportivas”. “Queremos que se cumpla el convenio y que se paguen los salarios como toca”, manifiestan. 

El hecho de que sindicatos no quieran denunciarlo y que ninguna otra patronal que pudiera estar legitimada de las que existen actualmente pueda hacerlo, implica que no es posible abrir una nueva negociación para pactar un nuevo convenio que establezca unas condiciones actualizadas al escenario actual.


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