ESENCI@L

A raíz de la votación del bono deportivo en Las Cortes Valencianas

El deporte víctima del postureo político

¿A quién le importan los 55.000 muertos anuales por sedentarismo en España?

Experto avisa de que el aumento del sedentarismo está incrementando las enfermedades crónicas vistas en la AP

El sedentarismo y la mala alimentación son dos de los principales factores de mortalidad en España, donde cada año mueren más de 50.000 personas por inactividad física

(2-3-2022) El sector deportivo se ha hartado de insistir, durante pandemia, que es un servicio esencial para la sociedad. Una visión no compartida por la clase política cuyos intereses difieren sustancialmente y varían en función de si el partido de turno está al mando de un gobierno o, por el contrario, se encuentra en la oposición.

Según la ley, los servicios esenciales son aquellos necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones públicas. 

Desde el 18 de febrero, en España se reconoce a la actividad física y el deporte como actividad esencial. La industria deportiva acogió hace poco más de un año la aprobación de una Proposición No de Ley que reconocía a este sector, “haciendo énfasis en su esencialidad desde el contexto de la pandemia sanitaria del covid-19”. Lo más sorprendente de ese acuerdo no fue ni el retraso con el que llegó ni tampoco con la amplia mayoría que lo respaldó (se aprobó con 25 votos a favor y 12 abstenciones en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados), sino la nula efectividad de aquella declaración, que carece de efecto directo y práctico. Es decir, que es y seguirá siendo papel mojado hasta que los hechos demuestren lo contrario. 

No, a día de hoy el deporte no es ni de lejos, una actividad esencial en España. No al menos para una clase política que lleva demasiado tiempo utilizando todo lo vinculado con el deporte como una herramienta de propaganda electoral o un simple elemento desgastador del partido que gobierne en cada momento. Las propuestas solo son buenas si las hace un grupo político afín, pero no si llegan desde la oposición.

Las propuestas solo son buenas si las hace un grupo político afín, pero no si llegan desde la oposición 

La última muestra, el rechazo vivido esta semana en las Cortes Valencianas por parte de PSOE, Compromís y Podemos a la propuesta del PP de emitir un bono deportivo que hubiera ayudado al sector a recuperarse de los devastadores efectos de la pandemia. Se propuso un bono de 10 millones de euros para un presupuesto, el de la Generalitat Valenciana, que manejará para este 2022 un total de 29.507 millones. Una gran ayuda para el sector que habría sido insignificante para las cuentas de este Gobierno. El único perdedor de esa votación no fue la formación popular -que ha aplicado con éxito esta medida en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Salamanca-, sino un sector que en la Comunidad Valenciana genera 25.000 puestos de trabajo y que hasta el primer trimestre de 2020 daba servicio a 500.000 usuarios. De las paupérrimas ayudas que ha recibido el sector deportivo para superar el impacto económico sufrido durante esta pandemia, mejor no hablar. 

Los centros deportivos de esta comunidad han permanecido cerrados durante 133 días en los dos últimos años y, el resto del tiempo, han sufrido otras medidas restrictivas como la imposición de mascarillas, restricciones de aforo y horarios o el certificado covid. Además de mamparas, controles de acceso por temperatura, geles y otras medidas que han obligado a disparar los costes de las empresas. Sirva el ejemplo valenciano como una pequeña muestra de lo que han vivido en el resto de territorios españoles. Todos ellos han sufrido un sinfín de restricciones que podrían resultar comprensibles para cualquier sector económico que se demostrase de riesgo en tiempos de pandemia, como no podría ser de otra manera. 

Los datos respaldan al sector deportivo

Pero en la era del Big Data, los datos se han encargado de demostrar que el sector deportivo es más que seguro: hasta finales de 2020, el Ministerio de Sanidad de España cuantificó en un 0,28% el porcentaje de brotes detectados en espacios deportivos y en un 0,84% la incidencia a nivel de contagios. Unos datos que se mantuvieron estables a lo largo de 2021, ya que según la segunda edición del SafeActive Report, impulsado por EuropeActive en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Sheffield Hallam y el Instituto de Investigación de UK Active, la tasa de incidencia de los gimnasios españoles fue de 0,887 casos por cada 100.000 accesos. De una muestra de 12.882.960 visitas en 62 clubes deportivos españoles solo se reportaron 113 positivos por covid. 

La tasa de incidencia por covid de los gimnasios españoles en 2021 fue de 0,887 casos por cada 100.000 accesos

Unos datos que, ha quedado claro, no han importado lo más absoluto a una clase política a quien no ha importado mezclar los gimnasios con otros establecimientos como los bares o la restauración. Seguramente, pensarán algunos políticos, el riesgo de contagio en un gimnasio 24 horas a las dos de la madrugada es el mismo que existe en un bar de copas o en una discoteca. Sino, ¿cómo se entiende que los establecimientos de fitness tuvieran que cerrar a la par que el resto? Nadie, tampoco los políticos, estaba preparado para gestionar una pandemia, de acuerdo. Pero eso no excusa que, tras más de uno y de dos años de aprendizaje de esta enfermedad, se siga sin escuchar a la comunidad científica. ¿Qué sentido tiene cerrar un gimnasio a las seis en Andalucía si luego obligas que el resto de horas se llene? 

Los despropósitos se han ido sucediendo durante estos dos años de pandemia. La lista, seguramente, es interminable. ¿O no recuerdan que durante el confinamiento más estricto se podía ir a comprar tabaco a un estanco -sí, este sí es un servicio esencial en España- pero en cambio no se podía ir a un gimnasio? La esencialidad, supongo, es relativa. Y lo más esencial debe ser lo que más dinero aporta a las arcas españolas a corto plazo. Otra muestra de ello, el IVA del sector deportivo, que desde 2012 es de un 21%. El mismo que tienen otros productos como el alcohol, las bebidas azucaradas o la bollería industrial. 

El PP -sí, el mismo que ahora reivindica las bonanzas del deporte- elevó el IVA de los gimnasios y de otros servicios del tipo reducido del 8% que tenía hasta el 21%. Eso sí, poco después se devolvió el IVA a otros establecimientos como los museos, los teatros, los conciertos, los circos, las salas de fiesta, discotecas o… ¡las corridas de toros! El resultado que tuvo el incremento del IVA de los gimnasios para las arcas del estado: una recaudación estimada de 39,8 millones de euros, según los cálculos del propio Partido Popular a una petición realizada por el Partido Socialista. Sí, esto de que el deporte interese más a la oposición que al partido de turno del gobierno viene de lejos. Ha quedado claro que la clase política, cuando gobierna, entiende el deporte como un capricho para la ciudadanía en el que no es necesario invertir más de la cuenta. ¿Para qué? Si lo importante es cuadrar los presupuestos marcados para cada año.  

150 muertos al día en España

El problema es no haber entendido aún que el deporte va más allá de una legislatura. Y que el coste de esos 39,8 millones que dicen recaudar de más es mucho mayor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física es el cuarto factor de mortalidad más importante. En 2019, fue la responsable del 6% de las muertes registradas en todo el mundo, el equivalente a unas cinco millones de vidas. Según un estudio de la Fundación España Activa de 2017, la inactividad física es la responsable del 13,4% de las muertes al año en España, llevándose por delante más de 52.000 vidas al año. 150 personas mueren cada día en España por no llevar una vida activa. 

La inactividad física es la responsable del 13,4% de las muertes al año en España

Pero ¿a quién le importan estas vidas? A la clase política queda claro que no. Si no se toman las medidas políticas oportunas, seguirá muriendo gente por una causa que tendría fácil arreglo: el deporte. La propia pandemia ha demostrado que el sobrepeso aumenta la probabilidad de que los positivos de covid acaben en la UCI y, por tanto, sufran de forma más grave la enfermedad en caso de contagio. Un 44,9% de los hombres y un 30,6% de las mujeres españolas padecen sobrepeso, según la Encuesta Europea de Salud en España 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Pero a los políticos no solo no les preocupa la salud de la ciudadanía. Tampoco parece quitarles el sueño el despilfarro económico que supone para las arcas del Estado no invertir lo suficiente en una actividad que previene enfermedades y problemas físicos de todo tipo. Según cálculos de Fneid, tras la subida del IVA el sector del fitness se vio obligado a cerrar 800 centros deportivos y gimnasios. Y de los que sobrevivieron a esa subida del IVA, en un momento muy delicado de la economía (tras la crisis financiera de 2008), la mayoría de negocios peligraron y casi la mitad tuvo que recortar su plantilla. Es decir: se perdieron centenares de empresas, miles de empleos y una importante tasa de penetración deportiva en la sociedad a cambio de 39,8 millones. ¿Es suficiente esa recaudación? Rotundamente no. El coste derivado por la inactividad física multiplica con creces esta cifra

El CSD asegura que cada euro invertido en actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en gasto público sanitario

El propio Consejo Superior de Deportes asegura que cada euro invertido en actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en gasto público sanitario y farmacéutico. No invertir en fomentar el deporte, por tanto, equivale a un importante gasto sanitario. Podemos hablar de los 990 millones de euros destinados a combatir la incidencia en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y de mama; los 5.000 millones destinados a sufragar los problemas que la inactividad física provoca en la productividad laboral, turismo, crimen, educación o problemas de salud mental o los 2.500 millones que se gasta el Estado en incidencia de determinadas patologías, bajas, depresión o baja productividad en el ámbito laboral. Viendo todos estos datos, ¿qué les impide impulsar más políticas que promocionen la actividad física entre la ciudadanía?

Estas cifras, por cierto, proceden del Estudio de la Actividad Física y Prevalencia de Patologías en la Población Española realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2016. Es decir, que el propio gobierno asume que el sedentarismo “tiene un enorme impacto en el ámbito económico”. El estado del bienestar debería ser incompatible con medidas que no fomenten el deporte y que, por tanto, no promuevan lo suficiente la salud de la ciudadanía. Cuidar de la gente que les vota y a la que representan, eso sí es patriotismo de verdad. Si les preocupa su gente, por favor, preocúpense de que salgan a correr, se apunten a un gimnasio, vayan en bicicleta, naden en una piscina o hagan CrossFit. Por favor, cuiden del deporte, cueste lo que cueste, y no hagan de este sector un arma electoral. Háganlo aunque solo sea para no tener que lamentar la pérdida de tantas vidas humanas.  


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