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Empresarios del deporte andaluces alertan de las “graves consecuencias” de la subida del salario mínimo

Aeda lamenta que puede hacer peligrar entre el 35 y el 50% de los servicios prestados

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La junta directiva de Aeda. De izquierda a derecha: Carlos A. Rueda, Javier Blanco, Jesús Sánchez, Ignacio Revuelta, José Miguel Silva, Guillermo Revuelta.

(17-1-2019). La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (Aeda) denuncia las graves consecuencias que ya viene ocasionando la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional en las empresas adjudicatarias de servicios deportivos, ya que, los contratos de prestaciones de servicios públicos firmados con anterioridad a esta medida, “sufrirán una importante variación que no se contemplaba en el contrato público al que se presentaron”.

Desde Aeda, aseguran “alinearse a favor de la dignidad de los trabajadores y sus retribuciones” y, por tanto, “respetamos las medidas gubernamentales que se tomen, siempre y cuando no pongan en peligro la vialidad de todos los contratos firmados hasta el momento”.

La subida del SMI de 735,9 euros a 900 euros mensuales afecta a todos los convenios laborales, y por virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, también a los prestatarios de servicios básicos mediante contratas con la administración. Esa medida supone o puede suponer, a juicio de la Asociación:

1º.- El aumento en un 22,3% de los costes de mano de obra en la franja inferior de retribuciones, y también en las cotizaciones, pudiendo suponer sobrecostes de más del 10% en el volumen total, y en consecuencias contratos en pérdidas e inviables.

2º.- Hace peligrar al menos entre el 35 y el 50 % de estos servicios prestados por contratistas, y en consecuencia decenas de miles de puestos de trabajo.

3º.- Se hace absolutamente necesario que las tablas salariales de los convenios se actualicen y que las nuevas ofertas de contratos tengan un precio calculado según estas modificaciones.

Queremos pedir al Gobierno y a otras administraciones locales y autonómicas, medidas y partidas presupuestaria para que estos contratos sean actualizados, se garantice la continuidad de los servicios básicos prestados y los miles y miles de puestos de trabajo en peligro”, señala la organización.


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