El fitness catalán reclamará más de 26 millones de euros en los tribunales

El pasado sábado, 18 de diciembre, expiró el plazo para que la administración interpelada, en este caso la Generalitat de Cataluña, diese respuesta a las reclamaciones vía administrativa interpuestas el pasado mes de junio por 33 operadores de gimnasios a través de Adecaff. 

El silencio administrativo ha abierto un nuevo plazo de tres meses, hasta el 18 de marzo, para que las empresas implicadas empiecen ahora un proceso judicial. Después de las reclamaciones administrativas, llegan las demandas contra el Gobierno catalán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Tjsc).

Aunque no hay unos plazos marcados, se estima que este organismo judicial podría tardar un año, desde el momento en el que reciba las demandas, hasta dictaminar una sentencia. La resolución de estas demandas, por tanto, podría no llegar hasta 2023. 

Estas demandas están coordinadas por la patronal catalana, Adecaff, y serán tramitadas por el bufete de abogados Inter Partes Abogados. Según ha podido saber CMDsport, la cantidad que se reclamará a la administración podría superar los 26 millones de euros. 

LAS DEMANDAS, EN MARZO

15 de éstos corresponderían a los daños causados desde el primer cierre sectorial derivado de la pandemia, en marzo de 2020, hasta junio de 2021, cuando concluyó el primer estado de alarma decretado por el Gobierno español. El resto corresponden a los nueve meses posteriores, desde junio de 2021 hasta el próximo mes de marzo. 

Según las primeras estimaciones de la patronal catalana, este segundo tramo que se añadiría podría representar añadir “entre un 75% y un 100% de la cantidad marcada para ese primer tramo. Así pues, la reclamación patrimonial podría elevarse de los 15 millones iniciales hasta una cifra que podría variar entre los 26 y los 30 millones de euros. 

Los importes reclamados incluyen tanto el dinero que las empresas han dejado de ganar (en relación a la cifra que tenían en el momento del primer cierre) como el lucro cesante, es decir, la previsión de crecimiento que proyectaba cada operador en virtud del ritmo ascendente que llevase en los últimos años. Una circunstancia, esta última, que será más difícil de demostrar para aquellas empresas que surgieran poco antes de la pandemia y que, por tanto, no tuvieran una trayectoria detrás que avalase el crecimiento previsto. 

La intención de Adecaff es apurar todo el plazo del que disponen y presentar las demandas la semana del 14 al 18 de marzo de 2022. De esta forma, las empresas podrán ajustar los importes de sus reclamaciones a los daños causados por las distintas restricciones que el sector del fitness ha sufrido y sigue sufriendo en Cataluña. “Aún no estamos a niveles de 2019, las empresas siguen perdiendo dinero y sus costes han aumentado”, añade Latorre. 

ABIERTOS A NUEVAS SOLICITUDES

Adecaff cuenta en la actualidad con 204 asociados, de forma que aproximadamente un 84% de éstos no ha interpuesto aún demandas contra las administraciones. Según puntualiza la gerente de la patronal, estas empresas aún estarían a tiempo de dar el paso, dado que la ley especifica que el margen para presentar reclamaciones de este tipo es “de un año desde que cesa el daño”. 

Esto significa que, para este caso, las empresas afectadas dispondrían de un año natural desde el final de las restricciones que puedan justificar que han perjudicado de forma directa a sus respectivos negocios. Así pues, aunque Adecaff, por prudencia, apostó por presentar las reclamaciones antes de que se cumpliera un año del final del primer estado de alarma, deja abierta la puerta a que haya más empresas que se animen a interponer demandas contra las administraciones. 

RESTRICCIONES VIGENTES

En la actualidad, los gimnasios catalanes siguen viendo lastrada su recuperación por las mascarillas y el certificado covid. “Entendemos que aún estamos a tiempo de presentar más demandas, si se demuestra que estas dos medidas están produciendo un daño”, aclara Latorre. 

Desde la patronal entienden que la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró nulo el segundo estado de alarma (paraguas legal que sirvió de amparo para los distintos cierres autonómicos), aumenta las probabilidades de éxito de las demandas de los gimnasios, un factor que puede contribuir a reducir las reticencias que muchos operadores tenían y aún mantienen a la hora de acudir a la justicia.

El trámite cuesta unos 3.000 euros, cifra que varía en función de la cantidad de centros que tenga cada empresa, pero puede dar pie a recuperar una cifra mucho mayor.