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El próximo lunes dará inicio la recopilación documental

La Fneid llama a todos los gimnasios a la movilización judicial contras las administraciones

El bufete Broseta Abogados coordinará las demandas

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Alberto Palomar, socio del área de Derecho Público del bufete Broseta Abogados, será quien liderará las demandas de los gimnasios españoles contra las administraciones públicas.

(28-1-2021). Un mes y medio. Este es el período de tiempo que se marca la patronal del fitness español, Fneid, para preparar, reunir y presentar el máximo número posible de demandas de gimnasios contra los Gobiernos español y autonómicos para reclamarles judicialmente por los daños y perjuicios soportados por el sector a causa de los cierres y restricciones dictadas.

La idea Fneid es que, a partir del próximo lunes, 1 de febrero, y antes del 14 de marzo, el gremio se haya movilizado y haya presentado reclamaciones ante ambas administraciones. Ese día prescribirá la declaración del primer Estado de Alarma decretado por el ejecutivo español. Superada esa fecha, los centros deportivos ya no tendrán derecho a reclamar los daños y perjuicios provocados por esa medida decretada por el Gobierno Español.

EL DEFENSOR: BROSETA ABOGADOS

Esta estrategia, avanzada por CMDsport el pasado 7 de diciembre, dio ayer un paso importante con la presentación, en una asamblea informativa de Fneid, del bufete de abogados elegido para coordinar y tramitar las distintas demandas de responsabilidad patrimonial. La firma elegida es el bufete Broseta Abogados, un despacho multidisciplinar con oficinas en Madrid, Valencia, Lisboa y Zurich.

El abogado que liderará estas demandas es Alberto Palomar. Socio del área de Derecho Público de Broseta, tiene una dilatada trayectoria profesional en el entorno jurídico y académico y, en especial, en materia de derecho administrativo y derecho del deporte. Han habilitado un teléfono y un correo electrónico (fneid@broseta.com) para gestionar las consultas relacionadas con Fneid.

PASOS A SEGUIR

El próximo lunes, 1 de febrero, las empresas del sector interesadas podrán rellenar un formulario que se subirá a una nube compartida por los gimnasios, los bufetes de abogados y los peritos, y que les permitirá inscribirse en el procedimiento para tramitar la demanda. Será el primero de una serie de pasos que Fneid anima a que se den lo más pronto posible para poder asumir el máximo número de demandas posibles.

Una vez recibidos los datos de cada empresa solicitante, el bufete de abogados pasará su caso a Munt Audit, empresa responsable de los informes periciales. Esta entidad cuantificará los daños económicos sufridos por cada gimnasio debido a los cierres y restricciones económicas. Se evaluará tanto el daño emergente como el lucro cesante.

La intención de Munt Audit es realizar un informe lo máximo completo posible para que sea indiscutible, a ojos de las administraciones, de que ha habido un daño atribuible a las medidas políticas. No se quiere dejar nada al azar. Finalizado el peritaje, se determinará qué daño económico se reclama a cada una de las administraciones.

TODOS LOS TERRITORIOS, AFECTADOS

Teniendo en cuenta que en la actualidad hay diez comunidades con gimnasios y las otras siete que conforman el Estado español con centros deportivos sufriendo fuertes restricciones, la voluntad del bufete de abogados es abarcar el máximo período de tiempo posible. Es decir, que si se puede cuantificar, se incluirán los daños provocados en enero y febrero del 2021. La firma no descarta presentar, más adelante, una demanda acumulada que incluya los efectos que puedan provocar las medidas políticas en los próximos meses.

FUNDAMENTOS Y TIEMPOS DE LAS DEMANDAS

Desde Brosete aseguran que, aunque no haya precedentes de este tipo de demandas parecidas vinculadas a una pandemia, su causa tiene una clara justificación jurídica. Para ello, los centros deportivos deberán poder demostrar que, debido a una serie de medidas políticas, se han producido daños efectivos, económicamente evaluables conforme a un criterio contables e individualizados. Es decir, que cada empresa deberá presentar su propia demanda contra dos administraciones.

En primer término, se planteará una reclamación administrativa. Es decir, se notificará a los distintos gobiernos, central y autonómicos, que sus medidas han causado unos daños. Si los aceptan, deberán indemnizar a las empresas demandantes. Si no aceptan esta primera reclamación, se deberá pasar a la vía contencioso administrativa en el plazo de tres meses.

PROCESO LARGO

Desde Brosete ven pequeñas las posibilidades que esta disputa termine en juicio, visto que algunas administraciones ya han repartido ayudas a distintos sectores afectados por la pandemia. En el caso que fuera necesario un proceso contencioso, la resolución iría para largo y difícilmente llegaría antes de un año.

El bufete aclaró en la asamblea de ayer de la Fneid que la presentación de demandas para reclamar daños y perjuicios provocados por los cierres y restricciones es compatible con la petición de las ayudas económicas que puedan anunciarse en distintos territorios.

COSTES DEL PROCESO

El coste económico de este proceso a través del bufete propuesto por Fneid para las instalaciones deportivas variará en función del número de centros que tenga cada cadena. Será un sistema escalado, de forma que, cuantos más locales, más barato saldrá cada unidad.

Hay un fijo por empresa y cantidades variables en función del número de establecimientos. El coste del proceso, para empresas con un solo centro, rondará los 2.000 euros. La cifra podría abaratarse si esta iniciativa cuenta con una respuesta masiva por parte de los asociados a la patronal del fitness español, que confía que la participación sea muy alta.

Para consultas sobre información respecto a las condiciones acordadas, se puede escribir a: administracion@fneid.esgabinete@fneid.es y a gerencia@fneid.es.


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