(9-5-2019). Una red de centros municipales, exaltar la calidad de los equipamientos y medidas de control contra instalaciones que no cumplan los estándares fijados, algunas de las propuestas de los principales partidos políticos para mantener la competitividad del modelo público-privado en el actual escenario del mercado del fitness.
El denominado Modelo Barcelona, la colaboración público-privada que ha dado lugar al actual entramado de centros deportivos municipales la comunidad catalana, debe actualizarse y revalorizarse. Así lo han manifestado los distintos representantes de las formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones municipales en el debate sobre política y deporte que ha tenido lugar en Barcelona coincidiendo con el arranque de la campaña electoral municipal.
Organizado por Gestiona, la asociación catalana de gestores de equipamientos deportivos públicos de Catalunya, los candidatos Pilar Calvo del PdeCat, Marta Carranza de En Comú Podem, Inma Delgado del PP, David Escudé del PSC, Carles Escudero de ERC, Jordi Madrinyà de la CUP y Francisco Sierra de Ciudadanos, moderados por Josep Viladot de la cadena Holmes Place, han debatido sobre las cuestiones que más estarían preocupando a los gestores de instalaciones deportivas municipales en el momento actual, coincidiendo todas las formaciones políticas en prometer un mayor compromiso en la colaboración público-privada y más recursos para que estas instalaciones mantengan su posicionamiento en el mercado.
Red de centros municipales
Una de las medidas más nombradas y que más consenso ha recogido es la creación de una red de centros deportivos municipales, una iniciativa que desde los partidos PdeCat y En Comú Podem se ha asegurado “estar trabajando en el proyecto”, y que se presenta como la principal arma para dotar de mayor notoriedad en el mercado a las instalaciones deportivas públicas frente a la creciente competencia privada, de la que destacan especialmente el auge de lo gimnasios low cost, los abiertos 24horas y los boutiques.
En este sentido, Marta Carranza de En Comú Podem, ha comentado la necesidad de “crear una red de centros municipales (CEM) potente, que ofrezca un servicio público de calidad, que disponga de inversión en innovación y tecnología, un plan de comunicación, creatividad e imaginación para hacernos fuertes como colectivo y reivindicar el Modelo Barcelona”. Por su parte, David Escudé de PSC ha aplaudido la medida que permitiría crear “un carnet único para poder acceder a todas las instalaciones deportivas municipales igual que se puede acceder a todas las bibliotecas”, lo cual en su opinión “reforzaría” estas instalaciones frente a la competencia, añadiendo el moderador del debate, Josep Viladot, que esta red “nos dotará de herramientas para enfrentar la creciente fuerza de las plataformas intermediarias en el sector del fitness, entre otros ámbitos”.
El Modelo Barcelona a revisión
Todos los representantes políticos coincidieron en considerar el Modelo Barcelona como un ejemplo de “éxito y referencia a nivel nacional pero también internacional”, asegurando su continuidad en el tiempo, gane quien gane las elecciones. Sin embargo, todas las formaciones han señalado la necesidad de “reformar” el modelo, “actualizarlo y ajustarlo a la nueva realidad y las nuevas leyes”.
Inma Delgado del PP ha defendido la necesidad de que sea un modelo “sostenible” que no comprometa la viabilidad de las instalaciones y que promueva la “inclusividad”, puesto que “debemos hacer frente a una gran epidemia que es el sedentarismo y la obesidad”, proponiendo “un plan de inversión en los centros deportivos para modernizar su propuesta”.
A lo que David Escudé de PSC ha respondido que “los centros deportivos se han convertido casi sin pretenderlo en la mejor política de promoción deportiva que tenemos para hacer frente al sedentarismo”, siendo “una extensión de la administración donde ésta no llega”, motivo por que “hay que cuidarlos y contribuir a combatir uno de sus mayores problemas que ponen en riesgo el futuro de estas instalaciones, las altas tasas de rotación del 60 y 70%”.
Mientras, Jordi Magrinyà de la CUP considera que “la administración no ha estado a la altura de lo que se requería en la gestión y se debe velar por la calidad de estas instalaciones”, motivo por que el aboga por “una gestión 100% pública de los centros y una política de precios más inclusiva”.
Más concursos, pero con “sentido común”
Sobre la política de concursos públicos, Inma Delgado del PP ha comentado la necesidad de “mejorar la gestión y las concesiones, revisar su estabilidad económica e introducir mejoras en los nuevos pliegos”, evitando la creación de “instalaciones deficitarias”.
Carles Escudero de ERC apuesta por “fomentar más concursos, controlando las inversiones” y Francisco Sierra de Ciudadanos, en una línea similar, “potenciar la colaboración público-privada con la apertura de más equipamientos, mirando al mar, aprovechando sinergias con clubes náuticos y también hacia la montaña con el Parque de Montjuïc como escenario principal”. Sierra también ha informado de la intención de su partido de “promover la candidatura de unos nuevos JJOO de verano en Barcelona para 2032”, para lo que se “dotará a Montjuïc de nuevos equipamientos culturales y deportivos”.
Por su parte, David Escudé de PSC ha propuesto “establecer un tiempo para enmiendas antes de presentar el pliego de condiciones de los concursos” con el objetivo de “dar ventaja a las empresas que colaboran con la administración en vez de compañías que no disponen de experiencia en el ámbito deportivo pero sí cuentan con capital para hacerse con los concursos”.
Desde En Comú Podem, Marta Carranza ha prometido que “las grandes inversiones en los centros deportivos correrán a cargo del ayuntamiento”, lo cual “permitirá ajustar la duración de los contratos y adaptarla en función de las inversiones que correspondan a los gestores privados”. A lo que Pilar Calvo de Pdecat ha señalado la necesidad de que “la concesión se mantenga lo suficiente para rentabilizar la instalación”.
En el debate también ha surgido la situación particular en la que se encuentra Barcelona, con la revisión del plan estratégico de la ciudad, que ha llevado a los gestores asistentes a preguntar si ello conllevará una moratoria de los concursos que deben presentarse en los próximos meses. Pregunta a la que tan solo el PSC ha respondido afirmando que “es necesario una moratoria que permita saber hacia dónde queremos ir, y entonces comenzar a andar en la buena dirección”. Mientras que el resto de formaciones ha considerado “innecesario y perjudicial” crear moratorias, abogando por “ir adaptando los pliegos a medida que vayan saliendo y estudiando cada caso en particular”.
Precios competitivos y calidad
Otra cuestión debatida ha sido los precios que deben ofrecer las instalaciones deportivas públicas, a lo que David Escudé de PSC ha propuesto “mantener un precio competitivo en el sector privado”, pero animando a los gestores a “dejar de pensar en cómo reducir precios y trabajar en incrementar el estándar de calidad”.
Francisco Sierra de Ciudadanos opta por “adaptar los precios en función de cada equipamiento y cada distrito y no actuar en bloque de forma indiscriminada”, volviendo a señalar la idoneidad de una red de centros que “con un carnet único puedas ir a cualquier instalación”.
Y Pilar Calvo de Pdecat ha coincidido con EnComú Podem y la CUP en que se creen tarifas sociales y descuentos para colectivos vulnerables, pero que se trate de unos descuentos que “deban compensar los Ayuntamientos a las instalaciones”, además de “recompensar a los centros que hacen una buena gestión”.
Más control contra la competencia desleal
Asimismo, en el debate se ha planteado la necesidad de “poner freno” a la proliferación de gimnasios “que no cumplen unos estándares mínimos de calidad”, a lo que Jordi Magrinyà de la CUP ha respondido prometiendo “más control sobre estas instalaciones”, sugiriendo que “si ha crecido esta oferta es porque suple unos espacios a los que la oferta pública no llega y debería hacerlo”, para lo que propone promover más instalaciones públicas que “den respuesta a esas necesidades”.
Desde el PSC y Pdecat se ha apelado al uso de la ley y la posibilidad de introducir enmiendas, para “ejercer un control más estricto”, destacando que el proyecto de nueva ley catalana del deporte que la administración catalana tiene sobre la mesa incluye “el artículo 72 que endurece y especifica las condiciones mínimas que deben cumplir los gimnasios y centros deportivos para poder operar”.
Mientras que desde Ciudadanos, Francisco Sierra considera que “no se pueden poner puertas al campo y proponer ilegalidades que después cuestan a la administración recursos en forma de indemnizaciones”. En su lugar, “se debe fomentar el modelo público-privado, la creación de empleo, haciendo una buena gestión desde la administración y no dejando escapar oportunidades que surgen en el mercado”. A lo que Inma Delgado del PP ha añadido “evitar la saturación de instalaciones y definir un plan de usos de Barcelona que impida que puedan abrirse gimnasios en según qué espacios. Debe incrementarse el nivel de exigencia y de control”, concluye.
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