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El sector reclama más de 100 millones de euros por los daños y perjuicios causados por los cierres y restricciones

Los tribunales resolverán en 2023 las demandas de los gimnasios contra las administraciones

"No habrá una sentencia colectiva, sino una primera sentencia que marcará tendencia"

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Los gimnasios españoles sufrieron cierres en distintos momentos entre 2020 y 2021 por orden de las administraciones estatal y autonómicas para frenar el avance de la pandemia

(15-12-2022) Los gimnasios españoles podrían empezar a recibir, a partir del próximo año, las sentencias de los tribunales sobre las demandas presentadas contra las administraciones estatal y autonómicas por los cierres y restricciones aplicados durante la pandemia. El sector del fitness confía en una resolución favorable que le dé pie a recibir indemnizaciones.

Cerca de 600 gimnasios españoles llevan varios meses pendientes de si podrán recibir, algún día, indemnizaciones que cubran parte o la totalidad de las pérdidas obtenidas durante la pandemia. Estos centros deportivos iniciaron en 2021 un proceso administrativo para reclamar al Gobierno de España y a distintos gobiernos autonómicos indemnizaciones para cubrir los daños y perjuicios generados por los cierres y restricciones derivados de la pandemia. El silencio de las administraciones provocó que el proceso avanzase en la vía judicial. Según ha podido saber CMDsport, los gimnasios podrían empezar a recibir las sentencias de los distintos tribunales a partir de mediados de 2023. Para entonces, se cumplirán dos años desde que la mayoría iniciaron los trámites. “Los tribunales nunca dan sus plazos, pero si nos fijamos en el histórico esperamos que 2023 sea el año, aunque aún no haya confirmación oficial”, coinciden desde Fneid. 

“Es un pleito muy complejo que tiene muchas aristas porque hay muchas administraciones implicadas y es la primera vez que se produce una reclamación tan masiva: hay muchos sectores distintos reclamando a la vez el daño causado por las restricciones anticovid”, aseguran fuentes del despacho de abogados Broseta, encargado de gestionar los procesos judiciales coordinados por Fneid. En un principio, los letrados calcularon que la vía judicial podría resolverse en un año (en el caso de las demandas coordinadas por Fneid, se cumplió en septiembre de 2021, mientras que en el caso de Adecaff será en marzo de 2023)

La gerente de la patronal catalana de los gimnasios, la abogada Iolanda Latorre, ve factible que este proceso pueda terminar en un plazo aproximado “de seis meses”. De momento se desconoce si habrá vista oral en alguno o todos los casos (hay que recordar que las demandas no son colectivas, sino que cada centro deportivo tramitó la suya a título individual) o bien los juicios serán por escrito. 

A mediados de 2021, cuando se realizaron los primeros informes periciales para calcular el impacto causado por los cierres y restricciones en cada uno de los centros deportivos que se decidieron a seguir los procesos de reclamación impulsados por las patronales Fneid (a nivel estatal), Adecaff (en Cataluña) y Fedecyl (en Castilla y León), superaba ligeramente los 100 millones de euros. La cifra final que los gimnasios españoles terminarán reclamando en los tribunales, sin embargo, será significativamente mayor, ya que las posteriores actualizaciones de los informes periciales contemplarán el impacto sufrido por todas las medidas aplicadas en 2020, 2021 y 2022. 

Sólo en Cataluña, por ejemplo, Adecaff ha elevado las estimaciones iniciales (7,7 millones de euros, calculaba en junio de 2021) hasta un montante que podría moverse entre los 40 y los 50 millones de euros. Es decir, que han quintuplicado la cifra calculada en un primer momento. A falta de terminar de calcular los importes, lo mismo sucederá con las demandas coordinadas por Fneid y Fedecyl. 

LOS TRIBUNALES QUE DECIDIRÁN

Aunque la causa judicial a resolver es la misma para las tres patronales, lo cierto es que han elegido caminos ligeramente distintos. En el caso de las demandas coordinadas por Fneid y Fedecyl, el tribunal encargado de dictar sentencia al respecto será con casi total seguridad el Tribunal Supremo. En el caso de aquellas coordinadas por Adecaff, en cambio será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Tsjc). 

Las patronales consultadas por CMDsport coinciden en anticipar que es factible que los tribunales busquen un planteamiento común. Es decir, que aunque no vaya a producirse una única sentencia colectiva que dé o quite la razón a todos los gimnasios implicados, sí es factible que la primera que se emita vaya a marcar el sentido del resto que vengan después. “No habrá una sentencia colectiva, sino una primera sentencia que marcará tendencia. Primero se pondrán de acuerdo en si procede o no la responsabilidad, y luego discutirán en función de lo que haya pedido cada uno”, aportan desde Broseta. “Tendría lógica que, si aceptan que haya causa para un gimnasio, acepten que la haya para el resto, ya que los argumentos son los mismos”, coincide Latorre. 

Los letrados encargados de coordinar las demandas entienden que “sería extraño” que los diferentes tribunales, una vez admitida la causa, no den validez a las reclamaciones de los gimnasios. Especialmente, una vez conocida, en noviembre de 2021, la sentencia realizada por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el decreto por el que se acordó el segundo estado de alarma. 

Eso sí, los expertos consultados advierten que una respuesta favorable para el sector del fitness no necesariamente debe terminar en una indemnización por el valor total reclamado por cada centro. “Podría darse que a un gimnasio le digan que le corresponde todo el dinero que reclama porque ha justificado muy bien su caso, que a otro le den la mitad y a otro puede incluso que no le den nada: puedes tener derecho a indemnización, pero para recibirla cada centro tendrá que haber justificado muy bien la pérdida generada por las restricciones administrativas dictadas durante la pandemia”, desarrolla Latorre. 

EL ARGUMENTO DE LAS PARTES

Las demandas de los gimnasios españoles se resolverán en los juzgados tras haber recibido el silencio administrativo de los distintos gobiernos una vez iniciada la reclamación administrativa. Pasados seis meses de este primer trámite, el hecho de no obtener respuesta de las administraciones propició que los gimnasios que aceptaron iniciar este proceso lo llevasen a la vía judicial. 

En el caso de la Generalitat de Cataluña, sólo ha respondido una vez ha recibido las demandas recibidas por el Tsjc, es decir, para que en el juicio se tome en consideración su opinión y argumentario. El Ejecutivo catalán no hizo referencia alguna en su escrito a la petición que realizó Adecaff de ver las actas de las reuniones que realizó el Procicat, que como se recordará fue un órgano de expertos creado por el propio Gobierno de Cataluña y que fue el encargado de realizar los informes que dieron pie a las posteriores restricciones y cierres autonómicas. Entienden las patronales del fitness español que no existe una base científica probada que demuestre que los gimnasios eran un entorno peligroso a nivel de pandemia. 

De hecho, los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, a finales de 2020, cifraban en un 0,28% el porcentaje de brotes registrados en los gimnasios con respecto al total, lo que supone una cifra prácticamente irrisoria para uno de los sectores que sufrió unas medidas más estrictas.  

El Gobierno catalán argumentó que los cierres autonómicos (hasta tres se registraron en esta comunidad autónoma) eran necesarios para evitar empeorar la situación pandémica en este territorio. Entienden que no tienen responsabilidad en esta causa porque se vieron obligados a tomar esta decisión. Los gimnasios, en cambio, consideran que incluso si su cierre hubiese sido necesario para proteger a la sociedad en su conjunto, no tienen que ser los empresarios quienes asuman el coste económico de esta medida. “La administración nos obligó a cerrar y todos fuimos responsables y cerramos, ¿pero por qué tenemos que pagarlo nosotros?”, plantea la gerente de Adecaff. 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Por otro lado, también avisan que uno de los cierres (el primero, entre marzo y los meses de mayo y junio de 2020) no fue la Generalitat la administración que dictó el cierre, sino que éste fue decretado por el Gobierno español. Es decir, que en el caso de que hubiera una resolución favorable a los gimnasios, las distintas administraciones deberían repartirse el costo de las indemnizaciones. 

Una vez conocida la versión de la Generalitat, ahora los centros que tramitaron sus demandas a través de Adecaff disponen de un breve plazo, hasta que salga la interlocutoria, para presentar alegaciones (nuevas pruebas, aclaraciones o una nueva actualización del perjuicio económico que consideran que les han causado). 

En el caso de que los tribunales den la razón a los gimnasios y, por tanto, resuelvan que hay que indemnizarlos, a la cantidad solicitada tendrán que restarle las ayudas facilitadas hasta la fecha por parte de las distintas administraciones para amortiguar el impacto de la pandemia. 

Como ya explicó CMDsport, Cataluña ha sido la comunidad más generosa de todo el Estado: incluyendo el tercer paquete de ayudas, aún por repartir, habrá dado al sector más de 50 millones de euros, lo que supone más del 50% del total de ayudas extraordinarias que las administraciones han repartido al sector fitness para compensar las pérdidas generadas a lo largo de estos dos años por las distintas medidas anticovid. 


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