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Decisión del Tribunal Constitucional derivada de una impugnación del PP

Suspenden la ley catalana de profesiones del deporte

ley catalana de profesiones del deporte

El recurso del Gobierno contra la ley catalana de profesiones del deporte argumenta que Cataluña “carece de competencias para celebrar por sí misma convenios o acuerdos internacionales”.

(8-3-2016). La aplicación de la ley catalana de profesionales del deporte ha quedado suspendida tras una decisión del Tribunal Constitucional derivada de un recurso presentado por el gobierno del PP que el citado tribunal ha admitido a trámite.

La ley catalana prevé la celebración de convenios y acuerdos de equiparación de las profesiones del deporte catalanas con otros registros de Estados de la Unión Europea, lo que supone un “exceso competencial”, según el Ejecutivo.

El recurso del Gobierno argumenta que Cataluña “carece de competencias para celebrar por sí misma convenios o acuerdos internacionales”.

Acreditar formación

La ley recurrida regula cuatro tipos de profesiones del deporte: profesores de educación física, monitores deportivos, entrenadores y directores deportivos, que deberán acreditar su formación en este ámbito a través de los certificados enunciados en la reforma.

Asimismo, la citada legislación busca, según el secretario general de Esports, Gerard Figueras, evitar el instrusismo profesional y para ello, crea un registro que facilita a los profesionales poder trabajar con todas las garantías.

También establece la obligación de que los profesionales que quieran ejercer su actividad en Catalunya se inscriban en este registro aunque ya estén apuntados en territorio nacional.

“Nueva agresion”

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, explicó cuando anunció la presentación del recurso, el pasado mes de febrero, que había habido problemas con leyes similares en La Rioja y Extremadura, pero que se habian solucionado en una negociación.

Sin embargo, el secretario general de Esports, Gerard Figueras, calificó la presentación de esta demanda como “una nueva agresión”. Figueras reconoció  que la misma le había causado “una cierta sorpresa”, porque, según argumentó, “en la comisión bilateral Estado-Generalitat, se estaba negociando  una interpretación de la ley que fuera compartida por el Govern y el Estado”.

Cinco meses para una decision definitiva

La admisión a trámite del recurso del Gobierno no implica pronunciamiento sobre el asunto. El tribunal dispone ahora de un plazo de cinco meses para confirmar o levantar la suspensión acordada y posteriormente dictará sentencia, sin que exista plazo para ello.

En el último litigio de este tipo, el Constitucional dictó en poco más de tres semanas una sentencia definitiva por la que anuló y declaró inconstitucional la resolución independentista del 9 de noviembre del Parlament. El ponente de la resolución fue Andrés Ollero, exdiputado del PP.


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