ESENCI@L

6 de las 17 comunidades aún no tienen una ley que regule las profesiones del deporte

Toni Brocal: “El deporte necesita una ley de regulación profesional”

"No podemos dejar pasar la oportunidad de conseguirla"

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En su condición de miembro del grupo de trabajo de Fneid para la regulación de la ordenación de profesiones y de miembro de la junta directiva de Adecaff, Toni Brocal ha asistido a distintas reuniones en la sede del CSD para tratar la nueva ley de ordenación de profesiones

(25-7-2022) Los principales agentes del sector deportivo trabajan con el CSD para desarrollar una ley de ordenación de las profesiones que sirva como base para ayudar a regularizar y a madurar a una industria que aún carece de una normativa específica en seis comunidades. La voluntad del CSD es tener listo el texto antes de terminar el año.

El sector deportivo no se detiene por vacaciones. Asociaciones, colegios profesionales, patronales y profesionales del deporte empujan para acelerar en pleno verano las conversaciones para tramitar leyes que sirvan para poner fin a las reclamaciones de algunos colectivos que piden una regulación profesional. De momento, ya son 11 las comunidades autónomas en las que ya existe legislación específica en materia de regulación profesional en el deporte. Cada una con sus matices, pero aún hay muchas que siguen sin una normativa que exija una formación o titulación mínima a las personas que prestan servicios deportivos. 

Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia son las únicas comunidades españolas que, superado el ecuador de 2022, aún no han aprobado en su normativa autonómica una ley territorial que regule los profesionales del deporte. Es decir, que en cualquiera de estos territorios se pueden prestar servicios deportivos sin tener una determinada calificación o estudios. Es lo que se denomina intrusismo laboral, un problema que organismos como el Consejo COLEF llevan denunciando desde hace muchos años. 

Cataluña, en 2008 (años después, en 2015, aprobó una modificación del texto), fue la primera comunidad que tomó cartas en el asunto aprobando la primera ley autonómica de las profesiones del deporte. En ella se regulaban los aspectos básicos del ejercicio de dichas profesiones y se establecía de forma expresa cuáles son dichas profesiones y las titulaciones necesarias para ejercerlas, así como una atribución a cada profesión de su propio ámbito funcional general. 

No fue hasta siete años después que, en 2015, La Rioja y Extremadura dieron el mismo paso aprobando sus propias normativas. En 2016 hicieron lo propio Andalucía y la Comunidad de Madrid. En 2018, fueron la Región de Murcia y Aragón. Ésta última es una de las que han integrado textos más detallados sobre la obligación de que todas y todos los profesionales del deporte cuenten con una cualificación adecuada. Un año después, en 2019, Castilla y León y Navarra. Finalmente, este 2022, han aprobado sus respectivas leyes el País Vasco y la Comunidad Valenciana

Distintas entidades presionan para lograr que también haya una regulación equiparable en las seis comunidades que faltan. “Algunas han emprendido la iniciativa legislativa, incluso obligándose a ello en un plazo determinado, como es el caso de Canarias mediante la disposición adicional tercera de su Ley de la Actividad Física y el Deporte de 2019”, recuerda a CMDsport el presidente del Consejo COLEF, Vicente Gambau. 

“Sin embargo, esta regulación autonómica se ha producido de una forma heterogénea, desarmonizada y sin tener en cuenta los diferentes niveles de cualificación de las y los profesionales”, lamenta Gambau, quien recuerda que en esas seis comunidades que faltan “se está insistiendo desde los colegios profesionales autonómicos, pero la sensibilidad del responsable político es determinante, prefieren esperar a la ordenación estatal”. 

LOS PLAZOS DE LA LEY ESTATAL 

¿Y cuándo será posible ver esa ley estatal? La voluntad del Consejo Superior de Deportes, que ya tiene listo un borrador de la Ley de Ordenación Profesional, es tenerla hecha para finales de 2022, un margen de tiempo algo justo si se tiene en cuenta que, pese a que las distintas partes involucradas ya llevan muchos meses de trabajo, aún queda mucho trabajo por delante. Así lo reconoce Toni Brocal, que ha acudido como miembro de la junta directiva de Adecaff y del grupo de trabajo de Fneid para esta regulación en varias de las reuniones que han tenido lugar en la sede del CSD. La primera se celebró el 17 de junio, mientras que la segunda tuvo lugar la semana pasada. 

“No podemos perder la oportunidad de, por fin, tener una ley de regulación profesional”, reivindica Brocal, quien deja claro que esta ley tiene que ser el resultado de “un trabajo conjunto entre todos”. Antes de su aprobación, las distintas entidades implicadas podrán opinar acerca de un texto que deberá pasar los test de proporcionalidad de los diferentes ministerios implicados (desde Economía a Turismo, pasando por Empleo, Cultura y Deporte, Educación e Industria). “Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero aún queda mucho tiempo por delante y seguro que habrá que considerar puntos de vista que aún no conocemos”, añade. 

LA MADURACIÓN DEL SECTOR

El objetivo principal de esta ley estatal será “determinar las competencias de una titulación graduada universitaria”, según expone Brocal. Esta regulación profesional ayudará a “madurar al sector”, lo que resultará positivo para todos sus agentes. “En el caso de la patronal, siempre busca ofrecer la mayor calidad y seguridad al usuario, con independencia del modelo, sea de ocio, salud o rendimiento”, indica. 

La principal ventaja que cree que supondrá la nueva ley, sin embargo, considera que “será la será el hecho que habrá un documento marco que será de aplicación en aquellas comunidades donde no hay regulación, lo que supondrá una ayuda para los graduados universitarios, ya que la ley regulará las competencias vinculadas a cada titulación”. Uno de los puntos que generarán más consenso al respecto será, precisamente, que haya un marco normativo que regule una formación mínima necesaria para ejercer en esta profesión. 

Según el representante de las patronales de los gimnasios, eso sí, resulta indispensable “que se tengan en cuenta todas las vías de acceso a las profesiones que existan en la actualidad, que se sea inclusivo y no exclusivo, de forma que no se limiten determinadas tareas a una única titulación”. La maduración del sector, añade, ayudará a que el tejido deportivo viva una “profesionalización”, es decir, que haya más profesionales ejerciendo. 

COMBATIR EL INTRUSISMO, EL GRAN RETO

Estas leyes, tanto las autonómicas como la estatal, deberían contribuir a reducir el intrusismo laboral que persiste en el sector. Un problema que no se limita a las personas sin titulación que ofrecen servicios en calles, parques o playas. “Han aparecido nuevos modelos de negocio digitales que son difíciles de regular, pero también hay personas sin regularizar dentro de las instalaciones deportivas y empresas que las contratan y que no les exigen regularizarse”. Brocal lamenta la falta de estudios y de información que cuantifique cuántas personas se encuentran en situación de intrusismo laboral en el sector deportivo español en la actualidad. 

La dificultad para poner cifras a esta problemática plantea otra duda: ¿Podrán las leyes realmente erradicar el intrusismo? Brocal admite que resulta difícil poner en práctica la aplicación de las mismas. “Hay voluntad y mecanismos para hacer un seguimiento, pero la realidad es que la administración no tiene los medios para hacer cumplir la ley más allá de aquellos casos que terminen en un accidente”, asegura. “Que no te haya ocurrido nada por conducir sin carnet ni seguro no significa ni que no te vaya a ocurrir nada en el futuro ni que esté justificado seguir haciéndolo, porque el día que generes algún daño seguramente tendrás el problema más grande de tu vida”, alerta. 

Aquellas personas que ejercen sin la titulación correspondiente en aquellas comunidades donde las profesiones del deporte están reguladas se enfrentan a multas de tipo administrativo (6.000 y los 30.000 euros) e incluso penales, si causan algún daño a un usuario. De hacerlo, además, no tienen ningún seguro que les cubra. “Muchas veces el usuario desconoce que esa persona no tiene la titulación necesaria o no está apuntada en registros como el Ropec”, puntualiza Brocal.  

Brocal alerta también sobre un problema del que hace tiempo que llevan avisando distintos expertos del sector: “Hay una gran falta de personal, a pesar de que hay más personas tituladas que nunca”. Se trata de un problema global que afecta también al mercado español. “Cuesta mucho encontrar a alguien con las características adecuadas, sean socorristas, técnicos de actividades dirigidas o de sala de fitness o entrenadores personales, y cuantas más restricciones hay, más difícil es”, lamenta.


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