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El comercio online se gasta más de 10.000 millones de euros en sanciones, demandas y reclamaciones

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(2-9-2015). Cada vez son más las empresas que se aventuran con el comercio online pero a más oferta, más demandas se producen por parte de los usuarios. Y es que se calcula que un 55% de los site no cumplen los requisitos legales básicos.

El comercio electrónico constituye un mercado gigantesco que mueve 16.000 millones de euros anuales solo en España –datos de Adigital-, con un crecimiento anual del 24%. Se trata de un buen momento para el sector de la venta online y la internacionalización de las empresas. Sin embargo, tras ese auge del negocio online se incrementan las demandas de los usuarios. Y es que, hay que tener en cuenta varios factores como la situación e idiosincrasia del país en relación con los productos, legalidad, restricciones propias de cada empresa, riesgo de fraude, regulaciones fiscales, gastos de envío, diferentes lenguas, etc. Así, tal y como se destaca desde Terminis, las empresas gastaron en todo el mundo más de 10.000 millones en demandas y reclamaciones.
En este contexto, se calcula que más del 55% de los sitios web no cumplen con los requisitos legales básicos y que más del 75% de los propietarios muestran su preocupación ante las deficiencias en los textos legales. Cada vez hay más usuarios, organismos y autoridades que se detienen a revisar los textos legales y comparar ofertas con profundidad. “Las devoluciones, los envíos, las garantías, los medios de pago y las especificaciones técnicas son los aspectos que más conflictos generan a los consumidores y también a los comercios electrónicos”, sostiene Luis Gosálbez, abogado especialista en derecho tecnológico y fundador de Terminis.com.
Las leyes que regulan los distintos aspectos de los negocios digitales (protección de datos, consumidores, venta a distancia, servicios de pago y muchas más) establecen cada vez más obligaciones formales y sanciones más graves para las empresas. “Y esta tendencia solo va a endurecerse en el futuro”, añade Gosálbez.
Durante años, los propietarios de un sitio web solo tenían dos alternativas para conseguir sus textos legales: acudir a un abogado especialista o copiarlos y pegarlos de otro sitio web. La primera opción suele ser cara y poco práctica, porque la ley cambia con frecuencia, exige renovaciones continuas y, además, cada país tiene sus propias normas y costumbres; la segunda es una práctica de riesgo que suele acabar provocando sanciones y multas.


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