La obesidad en España: representa el 9,7% del gasto sanitario y reduce el PIB en un 2,9%

El Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil plantea una hoja de ruta para el cambio en la próxima década. El propio Gobierno español reconoce que la obesidad infantil “es uno de los principales problemas de salud pública a nivel internacional y se asocia, junto con el sobrepeso, con numerosos problemas de salud tanto en la infancia como en la edad adulta”. 

Según los datos de la WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), un sistema de vigilancia de obesidad infantil que permite la comparación entre países y el análisis de tendencias a lo largo del tiempo, España está entre los países de la Unión Europea con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil junto con otros países del sur de Europa. 

En 2017, España era el cuarto país de la Unión Europea con una mayor tasa de obesidad y sobrepeso infantil en niños de 6 a 9 años. Un 42% de la población masculina de estas edades tenía sobrepeso. Dentro de este porcentaje, un 19% tenía obesidad. En el caso de las niñas de la misma franja de edad, el porcentaje es prácticamente el mismo: 41% de población con sobrepeso y 17% con obesidad. Solo Chipre, sin embargo, presenta unas cifras más elevadas, siendo por tanto España el segundo país con mayor sobrepeso infantil en niñas de la Unión Europea en el momento que se realizó este informe. 

Según el último dato disponible para España del estudio Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (Aladino) de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), 4 de cada 10 niños y niñas tienen exceso de peso. 

Durante la adolescencia, según el Estudio Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth (Pasos), realizado por 13 grupos de investigación coordinados por la Gasol Foundation, el exceso de peso en España se sitúa en el 32,5%. El sobrepeso desciende ligeramente, hasta el 22,8%, mientras que la obesidad baja al 9,7%. Pese a la diferencia respecto a la infancia, se sigue considerando una epidemia para esta franja de edad. 

EVOLUCIÓN TEMPORAL

En la última década, el exceso de peso infantil en niños y niñas de 6 a 9 años muestra una estabilización en niveles altos de prevalencia. Si se amplía el análisis a la edad infantojuvenil (8-16 años), los datos del estudio Pasos muestran que, en las últimas dos décadas, la obesidad se ha duplicado en el caso de las niñas y las adolescentes (del 5,3% al 10,1%), mientras que en los niños la cifra permanece estable (15,9% por un 15,1%). 

El covid ha empeorado los indicadores de exceso de peso, según cada vez más indicios. La reducción de la movilidad y de la interacción social, el incremento del uso de las pantallas y del consumo de alimentos con alto contenido en azúcares, grasas y sal, son algunos de los factores que podrían haber intervenido como facilitadores del incremento de la obesidad infantil durante la pandemia de covid-19. 

La obesidad infantil se duplica para los hogares con menos ingresos (rentas de menos de 12.000 euros anuales): 23,7% en comparación con el 10,5% de los que tienen más ingresos (más de 42.000 euros anuales)

ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLES

La obesidad infantil se relaciona con los estilos de vida menos saludables. Desde productos alimentarios hasta el sistema de ocio y deporte influyen en la salud de los más jóvenes. Los estudios Aladino y Pasos 2019 señalan que el 75,4% de los niños y el 65,2% de las niñas son activos, mientras que el 23% de los niños y el 25% de las niñas son sedentarios. 

Los mismos estudios también avisan que el 55% de los niños y niñas con obesidad serán adolescentes con obesidad, y que el 80% de los adolescentes con obesidad serán adultos con obesidad. Un problema que reduce la esperanza de vida al aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

Las consecuencias de sufrir obesidad no se limitan al ámbito puramente estricto de la salud: la afectación también llega al rendimiento escolar, el absentismo y la probabilidad de tener buenos resultados académicos o de completar una educación superior. El propio Gobierno de España reconoce en ‘El Plan Bien’ que “la obesidad en la edad adulta tiene efectos socioeconómicos adversos tanto directos como indirectos, como por ejemplo altos costes sanitarios derivados de problemas de salud asociados, pérdida de productividad o morbimortalidad prematura”. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó en 2019 un estudio sobre el crecimiento mundial de la obesidad y su coste económico en 52 países. Los resultados para España, según este informe, son “impactantes”: la obesidad reduce en 2,6 años la esperanza de vida y es responsable del 9,7% del gasto sanitario. 

Asimismo, reduce la productividad laboral en el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales, lo que en conjunto supone una reducción del PIB del 2,9%. Para cubrir estos costes, cada persona en nuestro país paga 265 euros de promedio al año en impuestos. El estudio concluye que, por cada euro invertido en la prevención de la obesidad en España, se recuperarían seis. 

HOJA DE RUTA

Con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, el Gobierno de España quiere establecer “una gran alianza intersectorial” destinada a facilitar que todos los jóvenes crezcan de una forma saludable. El plan está concebido como una hoja de ruta para los próximos 10 años, con el objetivo de generar una acción conjunta entre distintas administraciones públicas, el sector científico, el tercer sector, el sector fundacional, las empresas y la sociedad civil. 

El plan se ha desarrollado con una metodología participativa en cuatro niveles, institucional, científico, social y económico, y con el apoyo de organizaciones como la OMS o Unicef. Con ese plan, el Gobierno espera “alcanzar una España en la que crecer de forma saludable sea un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes”. El objetivo es reducir el sobrepeso y la obesidad infantil y adolescente en un 25%. 

Entre las claves del cambio que quiere impulsar el Ejecutivo en esta materia se encuentra el defender el derecho de los más jóvenes a crecer de forma saludable; impulsar una transformación saludable de los estilos de vida; promover que los entornos en los que viven los niños sean más saludables y seguros; disminuir la brecha social y de género en el acceso a los estilos de vida saludables; informar y apoyar a las familias con recursos públicos; impulsar una gran alianza apelando a la responsabilidad de todos los sectores implicados en la salud de la infancia y mejorar los instrumentos de vigilancia de la obesidad infantil. 

200 MEDIDAS

El plan explicita que quiere “generar un ecosistema social promotor de la actividad física y deporte y de una alimentación saludable”. En el mismo plan se recogen 200 medidas. Sin embargo, no menciona en ningún momento la voluntad de rebajar el IVA de los servicios deportivos, actualmente del 21%. 

Entre las principales medidas se encuentra el desarrollo de una nueva Ley del Deporte y de una Estrategia Nacional del Fomento del Deporte; aumentar el tiempo de actividad física en las escuelas; impulsar la prescripción de ejercicio físico; garantizar el acceso económico universal al deporte o crear espacios urbanos de calidad con zonas deportivas y de juego y espacios verdes.