El encarecimiento de los servicios deportivos públicos se podría amortiguar con un IVA al 10%

“Reducir el IVA en el deporte supondría ante todo reconocer la actividad deportiva como lo que es, una actividad declarada esencial por ley, y provocaría automáticamente una mejora en la aplicabilidad de los presupuestos de los ayuntamientos y del resto de entidades del sector público”, argumenta el gerente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap), Yago Monteoliva, a CMDsport. “Si se pasara de un 21% a un 10%, los presupuestos municipales para deporte aumentarían a efectos reales un 11%”, puntualiza. 

“Esta reducción permitiría absorber el encarecimiento de los servicios deportivos públicos consecuencia de los sucesivos incrementos de costes laborales derivados tanto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la evolución al alza de los distintos convenios colectivos del sector y la posible futura reducción de jornada”, expone, señalando que “habría un colchón que permitiría asumir todo esto e incluso incrementar el volumen de los servicios deportivos que se prestan a la ciudadanía”. También es partidario de las deducciones del IRPF como herramienta directa de promoción de la práctica deportiva. 

MENOR CONCURRENCIA

Aeesdap está detectando un descenso en la concurrencia a los contratos públicos de servicios deportivos en lo que va de este 2024. Esta tendencia a la baja se mantiene constante en los últimos años, coincidiendo con el incremento de costes laborales en contratos vigentes y la imposibilidad de repercutirlos en el precio que paga la administración por dichos servicios.

“En los últimos años, ha aumentado el número de contratos desiertos, sobre todo en los contratos de concesión, y se ha reducido el número de empresas que concurren de manera general en todas las licitaciones”, admite. “Se ha acentuado desde la pandemia, puesto que el nivel de incertidumbre a nivel presupuestario hacía en muchos casos inasumible el riesgo de licitar y ejecutar contratos”, puntualiza. 

“La posible reducción del IVA de los servicios deportivos no tiene por qué suponer una mayor concurrencia a los contratos. La clave es que haya más seguridad y certeza, así como mejores márgenes que permitan asumir el riesgo que puede suponer afrontar un contrato de cuatro o cinco años con prórrogas a criterio de la administración”, apunta. “No existen medidas legales que permitan compensar los efectos negativos sobre la rentabilidad y viabilidad de los contratos derivados, por ejemplo, de las posibles subidas del Salario Mínimo Interprofesional o de la reducción de jornada, o incluso de lo que se acuerde en negociación colectiva”, recuerda. 

CONTRATOS MÁS CORTOS

Monteoliva recomienda a todas las administraciones públicas, ante el escenario de incertidumbre actual, realizar contratos más cortos, con mayores márgenes y donde se compita en calidad, no en precio. “Si los presupuestos solo tienen en cuenta lo establecido en el convenio vigente y no tienen en cuenta además posibles evoluciones no ciertas -pero muy probables- a nivel de costes, es difícil que haya concurrencia y, aunque se adjudiquen, luego habrá problemas”, propone. 

Por otro lado, una posible medida que reduciría el impacto de la aprobación de dicha medida consistiría en una aplicación progresiva en función de la licitación de los nuevos contratos. “Es muy probable que, aunque el Gobierno acuerde dicha medida, su aplicación no sea inmediata y vaya a depender en cada convenio del acuerdo entre las partes, aunque entendemos que será una realidad, sin saber ni cuándo ni las condiciones, añadiendo incertidumbre a los procesos de licitación”, indica. 

“Se trata de una carambola nada sencilla, puesto que una cosa es lo que se negocia en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, y otra distinta como afecte a cada uno de los convenios colectivos que conviven en nuestro país; las partes firmantes de cada convenio tendrán que llevar a cabo procesos de negociación teniendo en cuenta las particularidades de cada convenio”, advierte. “Todas las medidas que supongan un avance social son positivas, pero no pueden suponer un problema de viabilidad de los contratos con las administraciones o incluso la propia viabilidad de las empresas”, añade. 

ESTUDIO DE MERCADO

Uno de los retos que se ha marcado Aeesdap para este nuevo curso es cuantificar y poner en valor el sector de los servicios deportivos prestados desde las administraciones públicas.

Por este motivo, está captando información para el Primer Estudio sobre el Mercado Español de los Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto que cuenta con el respaldo y la financiación del Consejo Superior de Deportes (CSD), así como con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte del España (Fagde).

Este proyecto se desarrolla en colaboración del Grupo de Investigación de Gestión e Innovación en Servicios Deportivos, Ocio y Recreación (Gisdor) perteneciente a la Universidad de Sevilla (US).

Según expone la patronal, la realización de este estudio permitirá cuantificar y analizar los servicios deportivos ofrecidos desde las administraciones públicas, ayudando a aportar evidencias claras y precisas y mejorando así la comprensión y puesta en valor de este sector. Con ello se pretende contribuir a posicionar adecuadamente este sector e impulsar políticas deportivas más efectivas.

El estudio se desarrolla en dos líneas diferenciadas: una enfocada a las administraciones públicas, sus servicios deportivos y personas usuarias, y otra a las empresas que colaboran con ellas y sus plantillas. Está previsto que se terminen de captar los datos en noviembre para presentarse en diciembre de este 2024.