El fitness concesional lleva a los ayuntamientos a los tribunales

El Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, y las posteriores restricciones decretadas siguen siendo un dolor de cabeza para una parte de los operadores del fitness concesional de España. A día de hoy, aún no han recibido el total de las indemnizaciones.

Según el decreto ley, una norma que entró en vigor tan solo cinco días después de decretarse el confinamiento en 2020, los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios daban derecho al concesionario “al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso”. 

Las medidas pertinentes podían ser una ampliación del contrato (de un 15%) o bien una modificación de las cláusulas de contenido económico. Asimismo, el denominado “reequilibrio” contemplaba la compensación “por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados”. 

La norma, que se aprobó tan solo cuatro días después de declarar el confinamiento, ha derivado en que las cadenas de fitness hayan tenido que ir a los juzgados para intentar conseguir su pertinente indemnización. Según explica un operador del fitness a CMDSport, “el 95% de las reclamaciones realizadas por parte de las cadenas, aún están en los juzgados o han pasado por él”. 

LAS RESTRICCIONES, EL CONFLICTO ACTUAL

Mientras las indemnizaciones correspondientes al periodo de cierre (desde mediados de marzo de 2020 a mediados de junio de 2020) ya están prácticamente resueltas, las compensaciones por el periodo de restricciones (de mediados de junio de 2020 hasta abril de 2022) aún están por determinar. 

Actualmente, el principal conflicto reside en determinar lo que se dejó de ingresar cuando se pudieron abrir los gimnasios, puesto que las administraciones impusieron restricciones de aforo o el uso de las mascarillas. 

“En ese segundo periodo ya no prevalece el Real Decreto 8/2020, sino que lo aplicable, a nuestro entender, es la Ley de concesiones de servicios públicos y las obligaciones que contraen concedente y concesionario en este tipo de contratos”, explica un ejecutivo del sector. “Es un marco legal que establece que ante un ‘hecho sobrevenido’, como fue el caso de la pandemia del Covid-19, el concedente (ayuntamiento) debe compensar económicamente al concesionario al objeto de que este pueda recuperar el equilibrio económico tras haber sufrido una diezma de sus ingresos a raíz del citado hecho sobrevenido”, prosigue. 

UN CENTENAR DE MILLONES DE EUROS 

“En este caso -según apunta- podría afirmarse que en torno a un 90% de las gestoras responsables de instalaciones deportivas que operan en régimen de concesión municipal en España se han visto obligadas a recurrir a los tribunales tras los intentos fallidos de negociación cara a cara con la corporación municipal y las desoídas reclamaciones administrativas que se presentaron”. 

A raíz de agotarse todas las vías de negociación, “nos hemos visto obligados a recurrir a los tribunales y, en nuestro caso, tenemos decenas de millones pendientes de resolución judicial”, denuncia el mismo directivo. 

“Si se suman todas las concesiones de instalaciones deportivas que hay en el país y que sus respectivas gestoras han recurrido a los tribunales, es muy probable que la deuda del conjunto de corporaciones municipales en este aspecto pueda llegar a superar el centenar de millones de euros, entre las cantidades en concepto de indemnizaciones para equilibrar las cuentas, los intereses derivados y las costas judiciales”, expone.

DESCONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Ayuntamientos y gestoras de centros concesionales han optado por dejar la decisión en manos de los tribunales. “En unos casos se ha judicializado y, en otros, los funcionarios de las administraciones están esperando a que salga una sentencia para saber como pronunciarse”, apunta otro director de una cadena de gimnasios. 

“Seguimos luchando por el reequilibrio en varias de nuestras concesiones, pero hay ayuntamientos que no nos están respondiendo”, reitera otro ejecutivo del sector. “Somos pocos los operadores que hemos cobrado y, en muchos casos, si hemos tenido éxito ha sido porque hemos acordado un cambio de condiciones”, sentencia. 

En esta línea, según opina otro agente del sector, “en general, la actitud de los ayuntamientos en esta cuestión ha sido vergonzosa”. De hecho, varios operadores coinciden en el hecho de que “la gran mayoría ha rehuido el tema e, incluso, nos han instado a recurrir a la justicia”. 

“La reacción no acaba de ser del todo sorprendente: como la justicia no es precisamente rápida en este país, nuestros interlocutores prevén que el ‘marrón’ no les coja a ellos, sino al siguiente equipo de gobierno de la corporación”, opina este directivo, poniendo énfasis en que “sin duda, esas reacciones constituyen una flagrante y terrorífica irresponsabilidad”. 

“Los ayuntamientos con los que trabajamos nos propusieron como compensación no cobrarnos el cánon durante los meses que tuvimos los centros cerrados y aceptamos”, explica otra cadena. “Era la solución menos mala porque no nos servía de nada que nos alargaran el periodo de concesión por el plazo en que estuvimos cerrados, pues son concesiones a 40 años”, admite. 

Por su parte, otro alto ejecutivo, asegura que “es una norma que no está bien explicada y que tiene muchos grises, por lo que algunas soluciones planteadas, en vez de una compensación, pueden ser un castigo”.

COMPENSACIONES DESIGUALES

Según los varios testimonios recogidos por CMDSport, el éxito de las compensaciones es muy desigual en la geografía española. De este modo, mientras en Catalunya, Comunidad Valenciana o las islas Canarias, generalmente, se ha llegado a acuerdos satisfactorios, en Galicia, Madrid y Andalucía, la situación es todo lo contrario. “Todo depende con la administración con la que des”, subraya una fuente.

De hecho, una cadena que cuenta con varios gimnasios en el norte de España asegura que “la mayoría de los ayuntamientos se han negado a asumir los importes que pedíamos”, por lo que “a día de hoy, no hemos recibido ni la mitad de lo pedido”. “Hemos tenido que recurrir más de una vez en alguna ocasión”, sentencia. 

Sin embargo, en Cataluña la situación es distinta y, por ejemplo, todos los centros deportivos municipales de Barcelona ya han recibido las indemnizaciones. En las islas Canarias, por su parte, las administraciones también han satisfecho el total de los importes pedidos por ciertos operadores. “Hemos percibido dos tipos de ayudas: una económica y otra en el plazo de la concesión”, adelanta un operador valenciano. 

“Llama la atención que apenas nadie del sector haya denunciado públicamente estos hechos”, destaca un directivo. “Confiemos que, pese a la lentitud de la justicia, las denuncias interpuestas contra decenas y decenas de ayuntamientos de todo el país que tienen instalaciones deportivas en régimen de concesión empiecen a concluir con sentencias favorables al sector”, remarca. “Supongo que a partir del año que viene empezaremos a conocer las primeras”, augura.