Los fisioterapeutas consideran un “riesgo para la salud” que se derive enfermos a los gimnasios

El colectivo español de Fisioterapeutas se ha puesto en pie de guerra ante la resolución del 4 de julio de 2022, mediante la cual la Presidencia del CSD crea las Unidades Activas de Ejercicio Físico, que permitirán que educadores físico deportivos traten a pacientes con prescripción del médico de la atención primaria.

Este programa establece que los profesionales de medicina y enfermería prescriban ejercicio físico a los pacientes y los deriven a las Unidades Activas de Ejercicio Físico, creadas por este plan, para que educadores físico-deportivos ejecuten la prescripción con los pacientes.

Un acto que, desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, se considera una práctica de “intrusismo” y un “riesgo de salud” para la ciudadanía, al considerar que “la prescripción es un acto sanitario que siempre se produce de un profesional sanitario a otro profesional sanitario en donde se indica la realización de unas pruebas o el suministro de un medicamento para su administración en base a una posología indicada. La prescripción y aplicación de ejercicio para tratar a pacientes es un acto sanitario que debe permanecer en manos de sanitarios”.

Denuncia de intrusismo

Los fisioterapeutas remarcan que “desde hace más de 50 años, tenemos la competencia legal de realizar ejercicio terapéutico sobre los pacientes”, estando estos profesionales “formados y capacitados para prescribir, diseñar, implementar, ejecutar y dirigir los programas de ejercicio que necesita un paciente, cara a mejorar o sanar su patología”.

Sin embargo, denuncian, “casualmente, los fisioterapeutas no forman parte de este programa, ni como los prescriptores que son de ejercicio terapéutico ni como los receptores de la derivación de los otros profesionales sanitarios para la implementación del programa de ejercicio terapéutico”.

Un “sinsentido”, afirman, que estaría a su juicio provocando “cuatro problemas de máxima gravedad. Éstos serían de índole económica, jurídica, de salud pública y de transparencia, que estos profesionales han detallado en un comunicado oficial y que reproducimos a continuación:

“Un problema económico. Se está invirtiendo fondos europeos en crear una nueva estructura parasanitaria que reproduce un acto cotidiano dentro de la Atención Primaria, la derivación de pacientes al Fisioterapeuta. Además, cuando estos pacientes sean tratados por los educadores físico-deportivos, volverán a la Atención Primaria con agravamiento de sus patologías, incrementado el consumo de recursos humanos y materiales. En lugar de despilfarrar los recursos europeos, aprovechémoslo para dotar de más medios a la Atención Primaria, base fundamental del sistema sanitario público.

Un problema jurídico. Cuando profesionales de medicina y enfermería prescriban la derivación de pacientes a educadores físico-deportivos está promoviendo que un profesional no sanitario trate pacientes con actividad física, un acto propio del Fisioterapeuta y que según el artículo 403 del código penal puede ser constitutivo de delito de intrusismo profesional. Además, la prescripción de derivación hacia profesionales no sanitarios es constitutivo de infracciones deontológicas, de protección de datos y de responsabilidad civil.

Un problema de salud pública. Cuando profesionales de medicina y enfermería prescriban la derivación de pacientes a educadores físico-deportivos, que no son profesionales sanitarios, que no tienen las competencias, conocimientos ni capacidades para tratar enfermedades, producirá sencillamente que se acrecienten y agraven las enfermedades de las que supuestamente iban a ser curados. Esto provocará que estos pacientes vuelvan al sistema público de salud, pero en este caso a los ya saturados sistemas de Atención Primaria por el agravamiento de su patología, provocando un auténtico efecto pandemia de conocidas y devastadoras consecuencias.

Un problema de transparencia. No acertamos a entender, que un programa europeo enfocado en crear una herramienta digital se haya convertido en un programa de formación, de creación de unidades activas de ejercicio físico y de contratación de profesionales a cargo de ellas. Nos cuestionamos si los fondos europeos están siendo correctamente ejecutados, si el porcentaje de implantación de la formación, ridículamente bajo, no esconde un supuesto uso fraudulento de estos fondos. No encontramos ninguna razón transparente que explique como el Consejo Superior de Deportes, sin ninguna competencia sanitaria, y por tanto sin ninguna competencia en el tratamiento de patologías, insiste en mantener el programa tal y como está estructurado”.

Desde el consejo general de Colegios de Fisioterapeutas de España, “se exige la derogación de esta resolución y programa, en caso contrario, la profesión comenzará movilizaciones para proteger a los ciudadanos de este ataque y pondremos en conocimiento de la Unión Europea la utilización de estos fondos para que proceda a su investigación”.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que representa a más de 63.000 fisioterapeutas que trabajan en España.