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A pesar de haber realizado obras para mejorar la acústica

Un gimnasio de Albacete, obligado a cerrar por exceso de ruido

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(2-1-2018). La Subcomisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete decretó el pasado 26 de diciembre el cierre de un gimnasio de la capital, tras considerar el consistorio que la instalación no ha aprovechado los avisos dados y no se ha adecuado a la ordenanza en materia de ruido y vibraciones.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio de 2017, cuando los vecinos del inmueble en el que se encuentra dicho gimnasio denunciaron al ayuntamiento de Albacete los altos niveles sonoros que procedían del local debido a la música que se utiliza y a las vibraciones que pesas y mancuernas producían al tocar el suelo. Tras la denuncia, los técnicos del ayuntamiento comprobaron que los niveles sonoros procedentes del gimnasio rebasaban en varios domicilios los 30 db permitidos por la ordenanza. Abriéndose así un plazo de un mes para que el gimnasio realizara las obras necesarias para adecuarse a la normativa.

El pasado mes de agosto, el propietario del gimnasio presentó al consistorio una serie de medidas realizadas en el centro para cumplir la ordenanza municipal, considerando el Ayuntamiento que no eran suficientes y dando un nuevo plazo para realizar nuevas adecuaciones en el gimnasio.

Nuevamente, según publica el digital de Albacete, el propietario del gimnasio presentó el 17 de octubre un certificado técnico de adopción de medidas correctoras llevadas a cabo en la actividad de gimnasio para evitar molestias por ruido y vibraciones a vecinos colindantes.

Más de un mes más tarde, concretamente el 24 de noviembre de 2017, y siempre según el informe del Servicio de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Albacete, los técnicos de la Unidad Verde del Ayuntamiento de Albacete comprobaron que las medidas adoptadas por la propiedad del gimnasio no eran suficientes y se propone el cese de actividad del gimnasio hasta que “se adopten las medidas correctoras necesarias para corregir las anomalías comprobadas, debiendo constar tales medidas en certificado expedido por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente para su comprobación previa por los servicios técnicos municipales”. Decisión que fue aprobada en pleno el pasado 26 de diciembre.


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