Valcarce asegura que las condiciones que se exigen en las concesiones estrangulan a las empresas

Manel Valcarce es el máximo responsable de Valgo Investment, una consultora que en los últimos años, gracias a la calidad de sus estudios e informes, ha ido adquiriendo cada vez mayor proyección, tanto en el mercado español del fitness como en otros mercados internacionales de dicho universo. Este experto nos explica cuáles son las claves para que se reduzca la cifra de licitaciones de polideportivos que quedan desiertas en España.

¿En qué situación se encuentran los gimnasios concesionales?

Actualmente, existe cierta dificultad por parte de algunos ayuntamientos porque los concursos para licitar instalaciones deportivas no llegan a cubrirse al haber un desequilibrio entre los requisitos que establecen los ayuntamientos y las propuestas de las empresas  que concurren a los concursos para gestionar las instalaciones públicas.

En muchos casos, las empresas privadas disponen de márgenes de explotación escasos

¿En qué factores se basa ese desequilibrio?

El sistema está propiciando que haya un desequilibrio económico porque, en muchos casos, las empresas privadas disponen de márgenes de explotación escasos, por lo que no pueden optar a las licitaciones. Esto ocurre, en parte, por la coyuntura actual condicionada por los efectos de las guerras. A la hora de hacer los números, las empresas tienen gastos energéticos elevados y gastos de personal y de servicio que también han subido. 

Además, al tratarse de una puja, las empresas pueden llegar a pagar un precio excesivo para conseguir la concesión, lo que provoca que se reduzcan aún más sus márgenes de beneficio. 

Muchas condiciones de las licitaciones actuales pueden llegar a estrangular la rentabilidad de las empresas

También agrava la situación que los requisitos de los ayuntamientos para las licitaciones dependen demasiado de los criterios económicos. Estos criterios económicos pueden ser el poder cumplir con las tasas públicas o con el cánon a repercutir sobre el ayuntamiento en cuestión. De esa forma, las condiciones de las licitaciones pueden llegar a estrangular la rentabilidad de las empresas.

Por ejemplo, si un ayuntamiento establece un cánon de 120.000 euros anuales, supone aportar 10.000 euros mensuales al ayuntamiento por parte de la empresa, un precio que en muchas ocasiones no se puede pagar. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existen casos de licitaciones de polideportivos que se han quedado desiertas por todos estos motivos.

Las administraciones no deberían exigir el retorno económico desde el primer momento a las empresas

¿Qué criterios deberían prevalecer entonces?

Quizás deberían prevalecer otros criterios que no fueran los económicos. Existen otros aspectos en los que fijarse como los técnicos, vinculados por ejemplo con la calidad del servicio; o los subjetivos, en relación a la experiencia de la empresa o al plan de recursos humanos, entre otros.

Además, el retorno económico no se debería exigir desde el primer momento a la empresa. Quizás debería pasar un tiempo para que esa empresa tuviera un balance positivo y pudiera obtener un retorno de la inversión. Hay que buscar fórmulas para que las compañías vayan desarrollando su servicio y logren un mayor beneficio que, a partir de ahí, puedan compartir.

A pesar de ello, se ha ido popularizando el sistema concesional en los últimos años.

Sí, el modelo concesional lleva muchos años en que se ha ido popularizando porque es interesante para la Administración gestionar ciertos servicios con este método. Aunque, si no logra cubrir ese espacio por el desajuste anteriormente descrito, el ayuntamiento tiene un problema. Es posible que tenga que dotar la operación de más presupuestos para conseguir activar esas infraestructuras. 

¿Cómo se puede llegar a mejorar esta situación?

Es importante que los ayuntamientos se apoyen en gestores externos. Muchas veces, los municipios contratan a empresas externas para evaluar la viabilidad de los proyectos. Desde Valgo Consultoría hemos analizado instalaciones que quedan desiertas y no se renuevan para ver cuáles serían las condiciones óptimas para cerrar un acuerdo. Simplemente, analizamos la viabilidad de la gestión de esa instalación. 

Cuando mostramos nuestro informe, algunas veces recomendamos al ayuntamiento que se reclame el canon cuando esa empresa ya tenga un rodaje o un beneficio. Para que se cierren los acuerdos, los ayuntamientos muchas veces también ajustan los requisitos eliminándolos o reduciéndolos. E incluso acercan posiciones ofreciendo pagar los costes energéticos. 

Entiendo que la situación de desajuste es coyuntural y que al final habrá consensos para que las operaciones sean beneficiosas para ambas partes.

Las empresas privadas en suelo público buscan una rentabilidad igual que debería buscarla el ayuntamiento 

¿La gestión privada de las instalaciones públicas reducen el servicio público?

A veces se puede interpretar que la gestión indirecta o privada va a reducir el servicio público pero no es así. La colaboración público-privada o la gestión indirecta de una instalación de suelo público al final también es un servicio público porque ofrece una actividad deportiva al ciudadano. Las empresas privadas en suelo público buscan una rentabilidad igual que debería buscarla el ayuntamiento.

Para los municipios, sacar adelante estos proyectos es importante porque les permite crecer en infraestructura. Es difícil que puedan afrontar inversiones de millones de euros si no es con este sistema. 

El problema del sector en cuanto a la valoración salarial de los trabajadores es que mantenemos los precios del servicio de hace 20 años

¿Qué opina de la última modificación salarial del convenio colectivo de las instalaciones deportivas?

Todo lo que sea una mejora salarial es positivo, aunque todavía existe margen para que esos salarios correspondan con las calificaciones de los trabajadores. Lo que es positivo es que ya se están incrementando. El problema del sector en cuanto a la valoración de los trabajadores es que mantenemos los precios del servicio de hace 20 años. No crecen al mismo ritmo que en otros sectores, en otros productos o que la inflación.

La clave estaría en incrementar el precio del servicio de forma proporcional y de forma progresiva, de manera que se trasladara el valor que se ofrece y la calidad del servicio al usuario.

Debe haber un marco regulatorio para saber quién puede ejercer y quién no puede

¿Hay mucho intrusismo en el deporte?

Lo que ocurre es que cualquiera puede ejercer de entrenador. Un influencer en Internet puede hacer una prescripción y, si no se está cualificado, sí que es intrusismo. La ordenación profesional es una reivindicación que, dentro del sector, se lleva pidiendo años para que haya un encaje de las personas cualificadas. Actualmente, existen 11 comunidades autónomas que ya tienen normativa, pero se está esperando que haya una regulación nacional. Debe haber un marco regulatorio para saber quién puede ejercer y quién no puede.