Aeesdap detectó irregularidades en licitaciones por valor de 144 millones de euros en 2024

La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) ha realizado balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2024 en materia de detección y actuación frente a irregularidades en procedimientos de licitación.

A lo largo de 2024, Aeesdap recibió un total de 74 consultas de empresas asociadas relacionadas sobre supuestas irregularidades en la configuración de licitaciones del sector, tanto en contratos de prestación de servicios como de concesión. Estas consultas abarcaron un valor total de 144,2 millones, lo que representa un incremento del 35% respecto del volumen económico revisado en 2023 (106,5 millones). Sin embargo, el número de consultas recibidas disminuyó en comparación con el año anterior (82).

Los contratos de servicios siguen siendo los más consultados (69 consultas), frente a contratos de concesión (4 contratos) y otros (1 contrato mixto). Estos datos son coherentes con los datos a nivel global de la contratación pública en España.

En cuanto a resultados, la tasa de éxito sobre actuaciones realizada superó el 87% teniendo en cuenta que en un 15% de las consultas recibidas no pudo actuarse, ya sea por extemporaneidad o porque las cuestiones detectadas no constituían una infracción de las normas de contratación (habitualmente relacionadas con insuficiencia presupuestaria por la no consideración del coste de subrogación).

MENOR LITIGIOSIDIAD

Desde el inicio de esta iniciativa en 2020, se observa un retorno a porcentajes de litigiosidad más moderados en comparación con 2023. En 2024 se interpusieron 20 recursos (27% del total de consultas), frente a los 29 de 2023 (35%), y los 20 de 2022 (18%).

Es relevante destacar que solo 11 de los recursos interpuestos en 2024 llegaron a resolverse, ya que las entidades desistieron voluntariamente en el resto de los casos tras su presentación. De los recursos resueltos, 6 fueron estimatorios y 5 desestimados o inadmitidos.

“En algunos casos, las entidades locales no actúan con la suficiente agilidad para desistir del procedimiento antes de que expire el plazo para interponer el recurso. Nuestro protocolo nos obliga a presentarlo el último día posible para favorecer el desistimiento, lo que agiliza el proceso y evita perjuicios”, expone Yago Monteoliva, gerente de Aeesdap.

“Sin embargo, algunas entidades prefieren esperar a recibir el recurso antes de tomar una decisión. En cuanto a las desestimaciones, hay que considerar que la doctrina no siempre es unánime entre los distintos Tribunales y, en ocasiones, recurrimos a aspectos complejos como cálculos de costes o interpretaciones de criterios de adjudicación. Respecto a las inadmisiones, por un lado, esperar al último momento siempre tiene sus riesgos y, por otro, las estadísticas de éxito en recurso frente a Tribunales de Contratación de ámbito local son las que son. Solo hay que revisar los datos de la OIReScon”, argumenta.

INCIDENCIAS DETECTADAS

El exceso de puntuación atribuida al criterio precio sigue siendo la principal irregularidad. Los servicios deportivos y de socorrismo son servicios del anexo IV de la LCSP y, por tanto, en dichas licitaciones los criterios relacionados con la calidad de las prestaciones deben suponer al menos el 51% de la ponderación total, lo cual implica que el precio no puede nunca superar el 49%, independientemente del tipo de contrato (servicios o concesión de servicios).

Otros de los aspectos recurrentes es la mala configuración de las condiciones especiales de ejecución o de los criterios de adjudicación. En el primero de los casos, hay una tendencia a configurar obligaciones legales/normativas como condiciones especiales de ejecución, lo cual es contrario a la norma. Se tiende a querer reforzar aspectos que son obligatorios legalmente (cumplimiento de la normativa de protección de datos, lo establecido en el convenio sectorial de aplicación, …) cuando no es la vía adecuada.

En el segundo de los casos, y pasando de lado por el problema de la falta de justificación de estos, los principales problemas provienen de una deficiente construcción de los mismos. También se siguen detectando incidencias a la hora de estimar presupuestos. Respecto de los costes laborales, el plus de transporte o el SMI suelen ser el principal motivo y, respecto del resto de costes, la adecuación a precio de mercado de lo que se exige.

Por último, se detectan aspectos puramente normativos, como la consideración de los contratos como sujetos a regulación armoniza (SARA) cuando no lo son (el umbral en servicios del anexo IV sube a 750.000 euros de valor estimado), los plazos de formalización de los contratos (no antes de 15 días hábiles en contratos de más de 100.000 euros de valor estimado) o la utilización de las pólizas de RC como mecanismos de acreditación de solvencia económica (no pueden ser empleadas porque estamos, normalmente, ante actividades empresariales, no profesionales).

LAS MISMAS CUESTIONES POR RESOLVER

Dos son las principales cuestiones aún por resolver. En primer lugar, el sector deportivo de las administraciones públicas sigue sufriendo los efectos de una regulación obsoleta e injusta respecto de la posibilidad de revisión de precios en los contratos públicos. No es una reivindicación aislada de nuestro sector, es una cuestión que se demanda desde todos los sectores afectados por la contratación pública, sindicatos e incluso desde algunos organismos de la propia Administración (OIReScon, Juntas Consultivas…) y partidos políticos.

“Es un problema a nivel nacional y multisectorial, sobre todo para los servicios intensivos en personas. Son muchas las voces que claman para una revisión de la normativa en contratación pública y desindexación. La contratación pública no se sostiene, cada vez hay menos licitadores y más contratos desiertos o con problemas de viabilidad en ejecución. Luego nos preocupamos cuando se habla de la poca incorporación de las Pymes a la contratación pública. El riesgo en sectores como el deportivo, intensivo en personas, es brutal en un escenario tan imprevisible y evolutivo como es el laboral en la actualidad. En muchos casos, es casi imposible hacer previsiones y licitar con niveles de riesgo aceptables”, justifica Monteoliva.

En segundo lugar, la Asociación denuncia que se sigue compitiendo en precio en lugar de mejor relación calidad-precio. “En un sector donde el 80-85% de los costes son laborales, costes donde no se puede competir, licitamos contratos donde el ahorro en precio es definitivo respecto de la calidad en las prestaciones. Ahorrar en lugar de invertir eficientemente. Ahorrar en lugar de fomentar que el sector privado se dedique a pensar cómo ayudar al público a la hora de mejorar los servicios deportivos que se prestan a la ciudadanía. No tiene sentido. Algunas entidades prefieren que actuemos como una ETT que como una empresa que aporte valor. El sector público debe invertir en deporte, no gastar”, apuntan desde la entidad.