(12-7-2010). El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley de Morosidad, cuya reforma fue aprobada el 17 de junio por el Pleno del Congreso. El nuevo texto establece un plazo máximo de 60 días para que las empresas paguen a sus proveedores
El nuevo texto establece un plazo máximo de 60 días para que las empresas paguen a sus proveedores, que se reduce a 30 para las administraciones públicas. En ambos casos se fija un periodo de adaptación progresiva, que se extenderá hasta 2013. La norma también contempla una línea de crédito directo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirigida a los ayuntamientos.
No obstante, la ley contiene excepciones, ya que las empresas de alimentación y de productos perecederos están obligadas a pagar en 30 días en todos los casos. De la misma manera, habilita un régimen especial de pagos para las constructoras de obra pública y para el sector editorial.
Lo que es común a todos los ámbitos es la obligación de las compañías de informar en su memoria anual sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.
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