(5-12-2024). La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aaesdap) asegura que la futura reducción de la jornada laboral mermará la capacidad de las patronales a la hora de negociar los convenios colectivos. A su parecer, una medida de este calibre debe negociarse con los sindicatos.
“Aun estando de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, que es buena, las formas de aplicarla son importantes, por lo que esta debería negociarse en los convenios colectivos y no por imperativo del Gobierno central”, apunta el gerente de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aaesdap), Yago Monteoliva, a CMDsport. “Esta medida recorta una de las funciones que tiene la negociación colectiva”, critica, insistiendo en que “el Gobierno debería establecer un objetivo, pero debería dejar en manos de la patronal y los sindicatos cómo llegar a él”.
Cabe recordar que pasado mañana, sábado, 7 de diciembre, finaliza la consulta pública lanzada por el Ministerio de Trabajo previa a la tramitación del Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral, mejorar el registro horario y garantizar el derecho a la desconexión digital.
Entre las propuestas clave está la reducción de la jornada semanal de 40 a 37,5 horas en 2025, la creación de un sistema eficaz y unificado de registro horario y la regulación consolidada del derecho a la desconexión digital.
UN PLAZO DE VARIOS AÑOS
“Propondremos que se establezca un plazo de varios años para aplicar la medida y que, a través de las negociaciones colectivas, se alcance un acuerdo sobre cómo hacerlo”, sostiene, remarcado que “propondremos que se puedan revisar los precios de los contratos públicos”. A su parecer, “es importante hacerlo de esta manera porque no tenemos un único convenio en España, ya que, por ejemplo, el estatal es de 1.752 horas y el catalán de 1.800”.
“Si esta medida reducción se negocia con los sindicatos, quizás se pueden pactar compensaciones para las empresas, pero ahora, el Gobierno, vía decreto, establece una medida que podríamos ofrecer nosotros, haciendo que la negociación se complique”, argumenta, remarcando que “no habrá manera de suavizar el incremento de los costes directos porque prestamos servicios por horas”.
REVISAR LOS PRECIOS
Monteoliva destaca que una de las medidas que debería aplicar el Gobierno es la posibilidad de revisar los precios en los contratos de servicios, modificando la Ley de Contratos y la Ley de Desindexación. “Esto facilitaría la negociación colectiva”, sentencia.
Además, afirma que una de las consecuencias de esta ley, en la actualidad, es “la incertidumbre, ya que las administraciones desconocen qué costes salariales contemplar a la hora de licitar porque no se sabe cuánto subirá el Salario Mínimo Interprofesional o cuántas horas hay que calcular al año, ya que cada convenio tiene una situación distinta”. También apunta que “habrá que hacer interpretaciones, porque no sabemos cómo se traduce una jornada de 37,5 horas en términos anuales”.
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