Móstoles estudia volver a licitar el centro Cobra Sport Club tras su cierre repentino

Tras 16 años de andadura, el centro deportivo Cobra Sport Club cerraba el pasado 1 de julio sus puertas, dejando sin trabajo a una treintena de empleados y sin servicio a una comunidad de 12.000 habitantes. Ubicado en el barrio Parque Coímbra, a 5 km del núcleo urbano de Móstoles, se trata de la única instalación deportiva disponible en esta zona apartada.

La UTE Móstoles-Coimbra Cobra Servicios Auxiliares S.A. Opade S.A., ha gestionado la instalación desde el año 2006 hasta este mes de julio, cuando tras, aseguran sus portavoces, intentar “entablar conversaciones con el ayuntamiento y enviando varias solicitudes de resolución del contrato de mutuo acuerdo”, se ha llevado al “cierre unilateral” de las instalaciones deportivas.

Según argumentan desde la gestora, el cierre se habría producido por las “dificultades económicas que la instalación atravesaba debido a la pandemia” y como “último recurso”, asegurando llevar desde 2010 “reclamando renegociar las condiciones del contrato” de un proyecto que afirman ser “deficitario”.

Antes de cerrar, la UTE gestora reclamó 250.000 euros al Ayuntamiento de Móstoles en concepto de las pérdidas derivadas de la pandemia. Una reclamación que el consistorio asegura que ya ha atendido, pagándose “una cantidad menor de la demandada”.

Nuevo pliego

Precisamente, desde el consistorio se ha asegurado en un comunicado la intención de “demandar” a los gestores del Cobra Sport Club por el “cierre unilateral” del mismo, lo cual constituiría “el incumplimiento del contrato de concesión firmado con el Ayuntamiento por una duración de 40 años”.

Paralelamente al inicio del contencioso, el gobierno municipal de Móstoles habría contratado una consultora con el objetivo de realizar “un estudio de viabilidad real del centro”, “trabajando ya en el desarrollo de un nuevo pliego para una nueva adjudicación del servicio que permita a los vecinos y vecinas de Coimbra poder utilizar las instalaciones”.

El edil de deportes, Carlos Rodríguez, ha afirmado sobre el tema que “la empresa asegura que el centro que gestiona no es rentable porque sus beneficios no se ajustan al estudio de mercado que realizó antes de abrir”. Afirma que “fue una concesión a riesgo y ventura que hizo el PP de los dos exalcaldes imputados y procesados por presunta corrupción, Esteban Parro y Daniel Ortiz”, exigiendo que sea a ellos a quién “se pida explicaciones y compensaciones por las condiciones en las que se firmó el acuerdo”.

Un acuerdo en el que entraba en juego el proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero, que debía elevar las expectativas de crecimiento urbanístico de la zona, y que ha sido investigado como megaproyecto fantasma incluido en la trama de corrupción investigada, y que nunca se hizo realidad.

Trabajadores, en el “limbo”

Mientras no finalice el contencioso entre el consistorio y la gestora, los 30 trabajadores de la instalación se encuentran en un “limbo”, ya que no pueden cobrar la prestación por desempleo ni cualquier indemnización por despido, puesto que oficialmente no están despedidos y sus contratos han pasado a depender subsidiariamente del ayuntamiento, concesionario del centro, el cual no se responsabiliza de un contrato firmado durante un mandato anterior.