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Publicada en el BOE la Ley 'Crea y Crece'

La nueva ley que facilitará la creación de tiendas deportivas y gimnasios

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La Ley 'Crea y Crece' favorecerá la creación de nuevas empresas de ámbitos diversos, entre los cuales el deporte

(3-10-2022) El Gobierno de España facilitará la creación y crecimiento de nuevas empresas. Tras la aprobación de la nueva Ley Crea y Crece, será más fácil y ágil dar vida y constituir negocios tales como tiendas de ropa deportiva, de venta de bicicletas o nuevos gimnasios. Se reduce el coste para arrancar una empresa y también la burocracia necesaria.

La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como Ley Crea y Crece, ya es una realidad. Tras ser aprobada el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados, el Gobierno español publicó la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado una nueva normativa que tiene por objetivo facilitar la creación de nuevas empresas de todos los sectores económicos, así como su crecimiento y expansión. Entrará en vigor a partir del próximo 10 de noviembre y contribuirá al nacimiento y crecimiento de negocios de todo tipo, desde tiendas deportivas hasta gimnasios. 

El objetivo principal de esta ley, que contó con el apoyo mayoritario de los grupos políticos parlamentarios, “dinamizar el tejido productivo y dar respuesta a las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales”, según explicó el Ejecutivo en un comunicado. Eso se hará a partir de distintas vías: facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad y fomentar el impulso del crecimiento y la expansión de las empresas, especialmente las pymes. 

A partir del próximo mes de noviembre, crear una empresa será más fácil y rápido. Se reduce el coste económico para construir una Sociedad de Responsabilitad Limitada: del mínimo legal exigido hasta ahora, de 3.000 euros, se pasa a un capital social de 1 euro. Eso sí, deberá destinarse a reserva legal al menos el 20% del beneficio hasta que la suma de la reserva legal y el capital social alcance los 3.000 euros. De esta forma, se permite a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativos y facilitar la creación de nuevos negocios. 

España, de esta forma, se alinea con la mayoría de países de su entorno, en los que no se requiere de un capital mínimo para constituir una empresa de este tipo, algo que favorece el emprendimiento. 

Además, se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), una herramienta habilitada para garantizar una reducción en los plazos de creación y de costes notariales y registrales. Ahora, se podrá constituir uns sociedad de este tipo en un plazo de 24 horas “si para ello se emplean instrumentos estandarizados, y está sujeta a unos aranceles notariales y registrales tasados”. 

SE IMPULSA EL CRECIMIENTO

En paralelo a la creación de nuevas empresas, esta ley también busca favorecer el crecimiento de las existentes, mejorando su eficiencia a través, por ejemplo, de eliminar regulaciones innecesarias y de establecer procedimientos más ágiles. 

El texto modifica la actual Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliando el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Cabe puntualizar que, entre los sectores afectados, no se encuentra el deportivo. Además, modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad. 

LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD

La nueva normativa, por otro lado, busca reducir la morosidad en las operaciones comerciales, un problema que tiene especial incidencia en las pymes. Se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esto supone, además, un avance en la digitalización de la operativa de las empresas. 

También se creará un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento y análisis de los datos de los plazos y promoverá buenas prácticas. Una de las actuaciones que desarrollará este Observatorio es la publicación de un listado actual de empresas morosas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros. 

AYUDA A LA FINANCIACIÓN

La norma también incorpora medidas para mejorar algunos de los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria como son el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo. 

A nivel de crowdfunding, se introduce más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite crear vehículos para agrupar a los inversores y reducir los costes de gestión. Además, se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a ser el más alto de entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza. 

A nivel de capital riesgo, se amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo aquellas financieras con un alto componente tecnológico. 

Por otro lado, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países del entorno. 

FACTURA ELECTRÓNICA

Los autónomos también se verán afectados por este cambio normativo, ya que en unos años estarán obligados a usar la factura electrónica. La Ley Crea y Crece impone que “todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales”. 

Sin embargo, es preciso puntualizar que esta implantación no será obligatoria para trabajadores por cuenta propia hasta julio de 2024. Es decir, hasta dentro de algo menos de dos años. Este sistema garantizará la trazabilidad y el control de pagos, un mecanismo creado, básicamente, para incrementar la recaudación fiscal, que comunica al fisco en tiempo real la venta de un producto o servicio. De esta forma, las operaciones quedan totalmente transparentes para las administraciones tributarias. 


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