ESENCI@L

La cadena solicitaba a este gobierno autonómico cerca de medio millón de euros

Baleares se niega a pagar a McFit parte de los 9,5 millones que pide a las administraciones

La enseña acaba de inaugurar su primer gimnasio en Cantabria

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McFit reclama 9,5 millones de euros a un total de 13 administraciones públicas, entre ellas el Gobierno balear, que le ha denegado cerca de medio millón por el gimnasio que la cadena gestiona en Palma de Mallorca

(6-9-2022) El Gobierno balear se ha negado a pagar a McFit una parte de la millonaria indemnización económica que la cadena de gimnasios reclama a distintas administraciones públicas españolas. La enseña solicita un total de 9,5 millones a los 13 gobiernos autonómicos donde tiene presencia física.

Las administraciones públicas no facilitarán el proceso de indemnización que los gimnasios españoles vienen reclamando por las restricciones impuestas por la pandemia. Como ya ha ido explicando CMDsport en los últimos meses, el sector del fitness peleará en los juzgados por una cifra que superará los 100 millones de euros. A pesar de que las patronales sectoriales son optimistas en lo que se refiere a su argumentación jurídica, lo cierto es que cadenas como McFit ya han empezado a observar que la batalla judicial para lograr compensaciones por los daños causados por las medidas anticovid se antoja larga y dura. 

La cadena alemana, propiedad del grupo RSG, ha visto como un gobierno autonómico le ha denegado parte de los 9.595.124,67 euros que ha fijado como indemnización para cubrir el daño emergente y el lucro cesante que la cadena estima haber sufrido durante los distintos estados de alarma. Esta misma cifra, 9,5 millones, es precisamente la cifra de pérdidas que registró la filial ibérica del grupo alemán el pasado 2021. 

CMDsport ha tenido acceso a la resolución del Consell Consultiu del Gobierno Balear ante la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial que RGS Group España presentó el pasado 12 de marzo ante la Consejería de Salud y Consumo de las Baleares. Este organismo  niega el pago a McFit de la parte proporcional de los 9,5 millones que reclama a hasta 13 administraciones autonómicas distintas. El informe pericial encargado por la  cadena de gimnasios valoró en 446,813,40 euros la cuantía que correspondía al único centro deportivo que McFit gestiona en Baleares, concretamente en la Avenida de Portugal, 7, de la capital del archipiélago, Palma de Mallorca. 

LARGO PROCESO JUDICIAL

El pasado mes de abril, la instructora del expediente formuló una propuesta de desestimación de la reclamación administrativa presentada por la cadena de gimnasios. Esta propuesta separaba dos periodos temporales y desestimaba la parte de la reclamación que se refiere al periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 (fechas en las que estuvo vigente el primer estado de alarma dictado en España por la pandemia) por la falta de competencia de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 

También desestima los daños y perjuicios generados a partir del 21 de junio de 2020, pero en este caso porque se considera que no concurren aquí los requisitos necesarios para que surja la responsabilidad patrimonial de la administración. A finales de abril de 2022, la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, formuló la petición de dictamen al Consejo Consultivo. 

McFit, en su argumentario, se remitió a la posible responsabilidad derivada de la adopción de medidas como el estado de alarma, y que queda regulada en el artículo tercero, apartado dos, de la Ley orgánica 4/1981, donde aparece explícitamente que aquellos que durante la vigencia de estos estados de alarma sufran perjuicios o daños que no les sean imputables, tienen derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo que disponen las leyes. 

El legislador, sin embargo, no ha fijado aún ningún régimen especial para fijar la compensación de los daños provocados por determinadas medidas que afecten restrictivamente la actividad económica. Uno de los requisitos esenciales de la responsabilidad patrimonial generadora de compensación económica es la existencia de un daño real y efectivo evaluable económicamente e individualizado, algo que el sector del fitness considera que puede justificar con los informes periciales presentados.  

“NO ES UNA CUANTÍA REAL” 

El Consell Consultiu de las Baleares considera en el dictamen que “la cuantía reclamada [446,813,40 euros] no se corresponde con una cuantificación real y efectiva de los daños supuestamente sufridos”. Además, añade que “teniendo en consideración el carácter extraordinario y excepcional de la situación sanitaria, económica y social vivida durante el periodo alegado, no podemos apreciar que se haya acreditado debidamente la efectividad y la realidad del perjuicio económico planteado”. 

La resolución del Consell Consultiu especifica que “las disposiciones alegadas por la mercantil [McFit] hacen referencia a medidas temporales y excepcionales para zonas concretas que no afectan la zona concreta donde se encuentra el único gimnasio que gestiona esta empresa en nuestra comunidad autónoma”. Es decir, que el dictamen asegura que el territorio concreto donde se ubica McFit no se vio afectado por las medidas que la empresa afirma haber sufrido. 

El texto también defiende que queda “acreditada” la cobertura legal que tienen las diferentes disposiciones dictadas por la administración pública de las Islas Baleares en la medida que son medidas “adecuadas y proporcionales según los criterios y las recomendaciones de la OMS”. Asimismo, concluye que “la reclamante tiene un deber jurídico de soportar el posible perjuicio derivado de las medidas preventivas, las limitaciones de aforo y las restricciones de la actividad empresarial acordadas por la administración autonómica, como autoridad sanitaria, de forma debidamente motivada y justificada con el objetivo de proteger el derecho a la salud”. 

El dictamen resuelve que “no es procedente declarar la responsabilidad patrimonial solicitada y, en consecuencia, se tiene que desestimar la reclamación de la parte interesada”. Considera el Consell Consultiu de las Islas Baleares que “no se ha acreditado la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente”.

Agotada la vía administrativa, McFit trasladará esta cuestión a la vía judicial, que será la que dictaminará si las resoluciones de las instituciones provocaron una pérdida económica indemnizable a esta y otras empresas. Es preciso recordar que la justicia anuló diversas restricciones dictadas durante la pandemia, tanto del Gobierno central como del balear. 

VARIAS EMPRESAS AFECTADAS

McFit es una de las tres empresas a las que el gobierno autonómico balear se ha negado a indemnizar utilizando una respuesta jurídica parecida. Las otras dos compañías, que reclaman alrededor de 16 millones de euros, corresponden al sector sanitario. Las tres reclamaban el daño emergente y lucro cesante de las resoluciones que tanto el Gobierno central como el balear dictaron durante el estado de alarma a raíz de la pandemia del covid. 

La cadena de gimnasios reclamó lo siguiente: “El reclamante ha sufrido una lesión antijurídica, esto es, un daño singular y específico que no tienen el deber jurídico de soportar y que se concretan en las consecuencias derivadas de la ejecución del sistema específicamente diseñado por las Administraciones Públicas para luchar contra la pandemia generada por el COVID-19 y que ha ocasionado una privación de su derecho al ejercicio de la actividad económica que vienen desarrollando y que se ampara en los títulos jurídicos y licencias de que disponen”. 

McFit argumentó que “no es la acción lo que causa el daño, sino la reacción de las administraciones públicas y, en particular, la reacción específica que se ha dado a la actividad de la gestión de los centros e instalaciones deportivas”. Añadía la reclamación que las instalaciones deportivas sufrieron un “tratamiento específico con un alcance restrictivo mayor a cualquier otra actividad”. Por todo ello, el gimnasio que gestiona la cadena en Palma (así como el resto de centros de fitness de las islas) sufrió “un sacrificio de derechos” que le causó “una perturbación sin precedente en el normal desarrollo de la actividad económica que no se ha visto resarcida por la administración pública”. 

DEBUTAN EN CANTABRIA

McFit ha debutado en Cantabria con su primer gimnasio en Santander

En paralelo a esta disputa judicial, McFit inauguró la semana pasada su primer gimnasio en Cantabria. La enseña abrió en Santander el centro número 41 de su red en España. Es su segunda y última apertura de este 2022, tras la completada el pasado mes de mayo en Zaragoza

Los gimnasios de McFit en suelo español se reparten en 14 comunidades autónomas distintas: Cataluña (12); Comunidad de Madrid (8); Andalucía (6); Comunidad Valenciana (3); Aragón, Galicia (2); Asturias, Cantabria, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Murcia y País Vasco (1).


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